Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán antes de que termine el mes la extensión de Almaraz

La Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), sociedad que gestiona la instalación, celebró este martes una reunión ordinaria en la que las propietarias reafirmaron su apuesta por un escenario de continuidad tras varios meses en las que las posiciones de las energéticas no habían estado alineadas por los intereses particulares de cada empresa.

Ahora, tras varios meses en punto muerto, los avances se han producido después de que la presidenta extremeña, María Guardiola, se abriese a reducir la tasa autonómica que cobra a la central un 50% de forma progresiva en los próximos tres años -con el que a priori las eléctricas podrían renunciar a la condición fiscal que impusieron al Ejecutivo sobre la tasa Enresa-.

«Iberdrola reafirma su compromiso con la extensión de la vida de la central, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy», afirman fuentes de la compañía de Ignacio Sánchez Galán, apuntando a que los socios trabajan en la «gobernanza» para lanzarla cuanto antes, al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear».

Dicha entrega de documentación al CSN tiene fecha límite el próximo 1 de noviembre. Y es que se da la paradoja de que en paralelo a este proceso, según la orden ministerial de 2020 en la que el Gobierno concedió la licencia vigente para operar, antes del 1 de noviembre deberán entregar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación requerida para proceder al cierre de la primera de sus dos unidades de la central de Almaraz, prevista para noviembre de 2027 si no hay una decisión en contrario.

Es decir, primero deben presentar la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Posteriormente, deberán remitir la documentación preceptiva al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), antes del citado plazo para recibir los informes técnicos sobre el proceso de desmantelamiento, requisito previo aunque se tramite la prórroga.

Con este movimiento, las eléctricas consideran que, una vez formalicen la petición, la pelota estará en el tejado del Gobierno. «A ver qué hacen y cómo lo explican», señalan fuentes del sector. El futuro de la central -y en buena medida, el de la política energética de España- se decidirá en las próximas semanas.