El Gobierno Vasco prevé 20 millones para firmas en crisis

La 'capacidad de fuego' de la Administración vasca para intervenir en empresas en situación de crisis, como consecuencia de la pandemia, es limitada por el momento. El Ejecutivo autonómico ha aprobado una partida de veinte millones de euros, en un programa denominado Bideratu-Covid. Su objetivo es ayudar a la reestructuración de pymes que se encuentren en situación complicada como consecuencia de esta crisis y que ya ni siquiera puedan acceder a créditos bancarios.

Las limitaciones de los Presupuestos de la comunidad autónoma, y también de su capacidad de endeudamiento, impiden acometer un programa millonario similar al del Estado que permita rescatar grandes compañías que puedan ser consideradas «estratégicas». Aparentemente, al menos, tampoco hay en estos momentos situaciones de crisis empresarial graves que puedan hacer pensar en una situación de riego para algunas compañías que, por su dimensión o capacidad de tracción del entorno, alcancen esa calificación.

Sin embargo, desde el Gobierno de coalición PNV-PSE se reconoce que hay una «gran incertidumbre» en torno a lo que pase este próximo otoño, ya que grandes industrias vascas pueden comenzar a aplicar planes de ajuste si la recuperación de su mercado es lenta.

En las empresas se ha asentado un principio lógico: no se puede vivir permanentemente en ERTE. No es descartable, por tanto, que el nuevo Gobierno salido de las urnas tenga que replantearse la dotación presupuestaria para estas ayudas a la reestructuración de empresas si, como anticipan todos los expertos, hay un encadenamiento de situaciones complicadas en la industria en el arranque del tramo final del año.

Lo cierto es que las intervenciones directas de la Administración vasca en empresas privadas han sido siempre limitadas. Existe un fondo denominado Finkatuz, dotado con 175 millones de euros, cuyo objetivo es reforzar el «arraigo» de algunas compañías cuya actividad sea importante para el conjunto de la economía vasca. Ha habido dos actuaciones en esta línea. La primera de ellas fue la adquisición del 1,27% de la firma ferroviaria CAF a finales de 2017 -las acciones estaban en manos de Kutxabank- y la compra del 7,31% de la firma de alimentación Kaiku, en octubre del pasado año. En este caso las acciones estaban en manos de la sociedad Ekarpen, en la que Kutxabank actúa también como socio mayoritario y que comparte con el Gobierno Vasco, las diputaciones y el Grupo Mondragón.

El gabinete de Iñigo Urkullu tenía previsto elaborar en el primer semestre de este año un plan de tomas de participación, para decidir el destino de esos 175 millones -que iban a ser incrementados en los próximos ejercicios- y concretar así las empresas en las que se iba a participar en el capital social. Pero la crisis desatada por el Covid-19 ha dejado este proyecto en un segundo plano, aparcado ante las urgencias de gestión y también de gasto en materias como la salud pública y, asimismo, también las ayudas a las pymes y autónomos.

El Ejecutivo de Vitoria ha recibido desde diversas fuerzas políticas numerosas presiones para que una parte de ese fondo para garantizar el arraigo de compañías emblemáticas se destine a tomar una participación en la operadora de telecomunicaciones Euskaltel.

En este caso no por estar ante una hipotética crisis de rentabilidad de Euskaltel, sino por el temor a que la especulación accionarial puede provocar en el futuro su absorción por una compañía más grande, lo que ampliaría los temores a una deslocalización de su cuartel general, radicado en Euskadi. Euskaltel, en esta nueva etapa pilotada por José Miguel García como primer ejecutivo, acaba de dar el salto al mercado estatal a través de la marca Virgin Telco.