Las cooperativas vascas esperan como agua de mayo una nueva ley que les asegure el futuro

El Ejecutivo Vasco y el cooperativismo sostienen que el proyecto que se tramita en el Parlamento de Vitoria se plantea como un instrumento para propiciar la competitividad de esta fórmula autóctona de trabajo en unos mercados cambiantes y globalizados. Es así, pero lo cierto es que gran parte de las modificaciones que se incluyen responden a la necesidad de encarar situaciones de crisis.

Nadie olvida el 'tsunami' que supuso la caída de Fagor Electrodomésticos, por lo que el proyecto de ley trata de desterrar las ineficiencias del sistema y propiciar un marco normativo orientado a que las cooperativas funcionen de una forma más parecida a las sociedades de capital, sin perder por ello su ADN social.

Así, el texto busca aclarar, normalizar, flexibilizar y favorecer la competitividad de un sector que, según datos de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop), abarca a más de 1.160 empresas de muy diversos sectores y tamaños y que generan en el País Vasco un empleo directo de 54.667 personas (de ellas, 34.837 son socios trabajadores) y que tienen una facturación conjunta de más de 14.500 millones. Más allá, el cooperativismo vasco también tiene su relevancia económica en el resto de España -más de 32.000 puestos de trabajo- y en los cinco continentes, donde impulsa otros 14.000 empleos. En suma, un proyecto de ley que directa o indirectamente afecta a muchos miles de trabajadores, empresas y proveedores.

El actual Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi lo lidera la consejera vasca de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José, y se encuentra en la fase parlamentaria de enmiendas. Si todo discurre con cierta normalidad, el texto debería estar aprobado en el segundo cuatrimestre de este año, en torno a otoño, si no ocurren situaciones inesperadas. Eso ya sucedió en la anterior legislatura, cuando el adelanto de los comicios autonómicos truncó el proyecto, aunque lo cierto es que en aquella ocasión el texto llegó a la Cámara con la legislatura en su fase final. De ahí la insistencia de la consejera San José y de todo el movimiento cooperativo -con el que se ha consensuado el proyecto- de reclamar a los partidos la máxima urgencia.

Y es básica la urgencia porque como especificó la propia consejera en su comparecencia parlamentaria, la nueva ley «ofrece seguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los socios en relación con la imputación de pérdidas», que únicamente afectará a su aportación al capital como socio. La especificación proviene de la necesidad de aclarar -tras la experiencia con Fagor Electrodomésticos- las obligaciones en los procesos de disolución y concursos de acreedores cuando las deudas son mayores que los activos y los fondos de la empresa.

Esto no implica que el socio no tenga que asumir responsabilidades en caso de pérdidas en las compañías que siguen en funcionamiento. Así, el artículo 73.4 establece que sí y determina que tras pasar el plazo previsto en los estatutos para la compensación de pérdidas sin que se hayan podido cubrir, los socios deberán hacerlo con nuevas aportaciones de capital.

Una situación de este estilo se acaba de producir en Eroski S. Coop. A pesar de que la firma está en beneficios, no le ha sido posible compensar la totalidad de las pérdidas pasadas. Por ello, cada socio ha aportado nuevo capital a Eroski; no en metálico, sino con cargo a su 'cuenta de capital', en la que se incluye el capital aportado y los dividendos acumulados en los años en beneficios.

Otro blindaje de la nueva ley es el que establece la propia cooperativa respecto de sus socios, ya que éstos también pueden atravesar dificultades económicas. Se especifica que las aportaciones de capital «son inembargables» y que los acreedores no tendrán derecho alguno sobre los bienes de la cooperativa, ni sobre las aportaciones al capital del socio afectado.

Asimismo, y también como barrera para evitar contagios con posteriores perjuicios económicos, hay un artículo, el 143, en el que se estipula que los acuerdos alcanzados por una cooperativa del grupo con terceras personas no socias no se extenderá al conglomerado ni a las demás sociedades cooperativas que lo integran.

La nueva ley también establece algunos mecanismos adicionales para tratar de salvar a las empresas en dificultades o al menos a una parte de las mismas, facilitando los procesos de escisión de negocios, fusión con sociedades mercantiles no cooperativas... Durante los debates en la Cámara de Vitoria, la figura de la escisión de partes de negocio generó suspicacias entre los parlamentarios. Dudas a las que el presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y también presidente del Consejo y comisión permanente de la Corporación Mondragón, Javier Goienetxea, respondió de forma tajante. «Si algunas de las cooperativas que en la historia hemos cerrado en la corporación o en el movimiento cooporativo vasco hubiesen tenido la posibilidad de escindirse, se habrían salvado al menos algunas partes».