Multa millonaria a Arcelor, Sidenor y Balboa por formar un cártel para comprar chatarra a menor coste
Competencia ha sancionado con 24 millones de euros a estas compañías que también sufren ya el impacto por los altos precios de la energía en sus producciones. Arcelor y Sidenor ya han anunciado que recurrirán
a. Algaba
Lunes, 14 de marzo 2022, 10:29
En pleno impacto de la subida del precio de la energia en sus producciones, tres de las principales acerías del Estado, con producción en Euskadi, (ArcelorMittal, Sidenor y Balboa) han sido multadas con 24 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al considerar probado que intercambiaron información para comprar chatarra a mejor precio. Competencia les ha sancionado por dos infracciones muy graves en el mercado de compra de chatarra en España.
Según ha informado este lunes la CNMC, estas compañías se desvelaron mutuamente información sobre los precios que ofertarían a los proveedores de chatarra férrica. Además, compartieron datos sobre las paradas técnicas de sus instalaciones de forma que se anticipaban la futura demanda de chatarra, e intercambiaron información sobre los precios de terceros competidores obtenida de sus proveedores, que todavía no era pública para el mercado.
La investigación de Competencia arrancó a partir de una información anónima remitida a la Comisión Europea sobre la posible existencia de un cártel en el mercado de compra de chatarra. En noviembre de 2018 y en marzo de 2020 la CNMC llevó a cabo dos inspeccione domiciliarias en la sede de diversas empresas siderúrgicas. Posteriormente, en julio de 2020, Competencia abrió un expediente sancionador contra varias empresas del sector por prácticas restrictivas de la competencia.
Intercambios «prohibidos» en 2017 y 2018
Durante la instrucción del expediente sancionador, la CNMC considera «acreditado» que Balboa, ArcelorMittal y Sidenor intercambiaron «informaciones comercialmente sensibles». Tanto Arcelor como Sidenor tienen plantas en Gipuzkoa, y la Siderúrgica Balboa pertenece al Grupo Gallardo, cuyo dueño ahora es Cristian Lay, a quien pertenece Corrugados Lasao y que quiso reactivar la planta de Azpeitia.
Según Competencia, en primer lugar, revelaron información relativa a los precios futuros de compra que pretendían ofertar a sus proveedores de chatarra, una práctica «particularmente dañina para la competencia y constitutiva de cártel». En segundo lugar, también se denuncia que intercambiaron información relativa a las paradas técnicas de sus acerías, para así «anticipar reducciones en el nivel de la demanda de chatarra y restringir aún más la competencia.
Por último, la CNMC considera probado que intercambiaron información sobre sus precios o precios de terceros competidores que todavía no eran públicos para todo el mercado. Todo ello permitió que «pudieran alinear su comportamiento y se garantizaran el aprovisionamiento de chatarra sin someterse a la disciplina de mercado».
Arcelor y Sidenor anuncian que recurrirán
Así, la CNMC multa a las tres acereras por pactos realizados en distintos periodos. El primero, el que comprende a agosto de 2017, implica a Balboa y a Sidenor. La primera es sancionada con 1.340.000 euros, y la segunda, con 1.210.000 euros.
El segundo pacto se registró entre enero y agosto de 2018 e implica a ArcelorMittal y a Sidenor. La primera, con planta en Olaberria, suma una multa de 12.120.000 euros, y la segunda, con planta en Azkoitia, 9.340.000 euros.
En el caso de Balboa, apunta Competencia, su multa ha quedado rebajada a 670.000 euros al haberse aplicado una reducción del 50% por la colaboración en la investigación de su matriz Gallardo Balboa S.L. en el marco del Programa de Clemencia de la CNMC.
Las compañias tienen ahora dos meses de plazo para poder recurrir la sanción a través de recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. ArcelorMittal ya ha confirmado que presentará ese recurso.
Sidenor también ha comunicado que presentará el recurso y pìde la suspensión cautelar de la ejecución «hasta que se pronuncien los tribunales competentes». La empresa considera que la resolución «no es conforme a derecho», y manifiesta que «en todo momento ha actuado respetando escrupulosamente la ley».
