Las gasolineras desatendidas no arraigan en Euskadi

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a soliviantar los ánimos del sector de vendedores de carburantes y operadores petrolíferos tradicionales. Si en otras ocasiones el macroregulador había puesto el dedo en la llaga con sus informes respecto a los precios de las gasolinas -de las más caras de Europa antes de impuestos, según su criterio- esta vez lo ha hecho con un análisis sobre las estaciones de servicio desatendidas. En líneas generales, la CNMC observa la existencia de «barreras de entrada y ejercicio» para este tipo de gasolineras sin personal al cargo, considera que son «favorables» a la competencia en el sector -por sus precios más bajos-, y recomienda la adopción de «una serie de medidas regulatorias» para estimularla.

Se refería el organismo regulador a la exigencia, por parte de numerosas comunidades autónomas, de que en las gasolineras haya siempre una persona al frente a la que poder reclamar o pedir ayuda en caso de que surja algún problema. Por ejemplo, que se produzca un derrame de combustible, de que el cajero a través del que se paga retenga la tarjeta, que una persona discapacitada no pueda acceder al surtidor, etc. Nueve regiones españolas (Valencia, Andalucía, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Asturias) prohíben los surtidores desasistidos, criticados también desde numerosos frentes por la pérdida de puestos de trabajo que la proliferación de estas gasolineras puede suponer.

Según un informe de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), en España este modelo alcanza a casi el 5% de las 11.000 gasolineras existentes. En provincias como Lleida la proporción es cercana al 50%. Pero en Euskadi son testimoniales: sólo cinco, según los datos aportados por las asociaciones territoriales del sector. Sí hay algunas más semiatendidas. Es decir, aquellas que tienen al menos a una persona al frente del negocio durante una parte de la jornada (generalmente por el día) pero en las que por la noche no hay nadie.

Hace dos años, asociaciones del sector, de consumidores, y federaciones de discapacitados hicieron frente común a la hora de solicitar al Gobierno vasco que pusiera coto a este tipo de instalaciones, que comenzaron a proliferar espoleadas por la ley de apoyo a los emprendedores aprobada por el Estado a finales de 2011. El Ejecutivo autonómico no ha tomado cartas en el asunto hasta hace escasos meses, cuando se reunión con las principales partes afectadas. Se comprometió a articular una regulación antes del final de legislatura, pero el adelanto de los comicios autonómicos al 25 de septiembre convierte en prácticamente imposible ese propósito.

Su intención es de regular el funcionamiento de estas gasolineras de forma que no contravenga las normativas comunitarias sobre la apertura de establecimientos comerciales, asidero al que se han agarrado los defensores de este modelo, como la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas de España (Aesae). Al mismo tiempo, estrechará también el cerco regulatorio sobre las gasolineras semiatendidas.

Las patronales vascas de estaciones de servicio -integradas en Cebek (Bizkaia), Sea (Álava) y en Aega (Asociación de Empresarios de automoción de Gipuzkoa), consideran «necesario y urgente» regular la instalación y funcionamiento de este tipo de establecimientos por los problemas de «reducción de derechos y garantías de los consumidores, seguridad medioambiental y para las personas, derechos de las personas discapacitadas y eliminación de puestos de trabajo»

Duras críticas a la CNMC

En el ámbito nacional, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEE) y la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (AGES) han arremetido con dureza contra el informe de la CNMC. En un comunicado conjunto, ambas asociaciones consideran que el supervisor «celebra la destrucción de puestos de trabajo» cuando en su informe habla de que ciertas estaciones de servicio (en concreto las promovidas por las cooperativas) operan «sin la carga que representaría contar con una persona física en el terreno».

Los firmantes del escrito critican las, a su juicio, lagunas que presenta el informe de la CNMC en lo que respecta a medidas de seguridad. «No explica cómo resolver de forma inmediata un grave problema de seguridad física y medioambiental si al consumidor se le produce un derrame accidental, o si el consumidor reposta fumando o con el coche en marcha o mientras habla por su móvil», exponen como ejemplo.