10.000 guipuzcoanos tienen derecho a una indemnización por el 'dieselgate'

En 2020, el TJUE ya aseguró que este tipo de dispositivos que falsean las emisiones son ilegales, después de que se conociera que la marca Volkswagen había instalado un software que alteraba las emisiones de algunos coches diésel en las pruebas de laboratorio. En este caso, la sentencia concluye que, además de los intereses generales, el Derecho comunitario también protege los intereses particulares de los compradores. Asegura que la directiva marco «establece un vínculo directo entre el fabricante y el comprador individual de un vehículo de motor, que tiene por objeto garantizar a este último que dicho vehículo cumple la legislación pertinente de la Unión».

Determina por tanto que los Estados miembros «están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante» y deja en sus manos determinar los criterios para la obtención de dicha compensación. No obstante, el tribunal apunta que la normativa nacional «no puede imposibilitar o dificultar excesivamente» la obtención de una indemnización adecuada de los daños causados al comprador. Indica, del mismo modo, que los órganos nacionales deben velar por que la protección de los derechos no produzca «un enriquecimiento injusto de los beneficiarios».

En 2021, y tras cinco años de lucha, la OCU ganó la batalla que libraba en tribunales en defensa de los afectados. Esta organización de consumidores pedía que se reconociera el engaño del grupo Volkswagen al manipular sus motores diésel, falseando las emisiones y las verdaderas emisiones y solicitaba para los afectados indemnizaciones por los perjuicios causados, por un importe de 3.000 euros cada uno. Esta sentencia fue recurrida por Volkswagen.Las reclamaciones se pueden realizar a través de la OCU y la Agrupación de Afectados por Volkswagen.