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La cigüena muerta en Mutriku. aitor urreizti

Eguzki denuncia ante la Fiscalía la muerte de una cigüeña «presuntamente electrocutada» en Mutriku

Recuerda que el de los tendidos eléctricos es un problema ambiental «tan grave como poco conocido» y pide patrullas de guardas forestales especializadas

Ane Urdangarin

San Sebastián

Martes, 26 de abril 2022, 12:00

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Eguzki ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa la muerte de una cigüeña en Mutriku, «presuntamente por electrocución», al hallarse su cuerpo al pie de un tendido eléctrico. El colectivo ecologista recuerda que este hecho «constituiría un delito ecológico contra la fauna».

Hace dos semanas, la Asociación de Guardas Forestales de Gipuzkoa advirtió también de la muerte de un buitre leonado en una zona boscosa «en similares circunstancias». Según apuntaron entonces los guardas forestales, el animal fue encontrado muerto debajo de una línea eléctrica, por lo que «todos los indicios llevan a pensar que ha muerto electrocutado».

Para Eguzki, estos dos hechos ponen de manifiesto el «grave problema ambiental» que suponen los tendidos eléctricos, que «siguen sin estar debidamente adaptados, a pesar de que así lo exige un Real Decreto que data ya de 2008», generando un problema al que «no se le está prestando la debida atención».

Tras la aparición de la cigüena muerta en Mutriku, el grupo ecologista y antinuclear ha denunciado que la mortandad por colisión o electrocución con los tendidos eléctricos es un problema ambiental «tan grave como poco conocido». De hecho, consideran que se trata de una amenaza «incluso superior» a la que representan los venenos, los disparos o los atropellos para las aves de gran envergadura, sobre todo para las rapaces, «prácticamente todas ellas protegidas».

El grupo ecologista ha recordado que en 2020 solicitó a las diputaciones vascas, «sin éxito», que constituyeran y dotasen de medios adecuados a sendas patrullas de guardas forestales especializadas en el seguimiento e identificación de los tendidos eléctricos más peligrosos para las aves.

La creación de estas patrullas «estaría muy en sintonía», subraya Eguzki, con el oficio que la Fiscalía General del Estado remitió en agosto de 2019 a las Comunidades Autónomas, en «el que les reclamaba la imposición de sanciones a las compañías eléctricas ante sus reiterados incumplimientos» del Real Decreto que les obliga a adaptar los tendidos eléctricos. Además, reclamaba que dieran traslado a la Fiscalía de todos los casos de aves electrocutadas, que pueden considerarse como delitos contra el medio ambiente. En el mismo oficio, la Fiscalía calificaba de «excelente» el trabajo de los agentes medioambientales y reclamaba «una mejora» de sus medios.

Eguzki lamenta que su solicitud «no encontró respuesta positiva» por parte de las diputaciones, pese a que el este Real Decreto identifica el de los tendidos eléctricos como «el principal problema» de conservación de aves rapaces.

El grupo ecologista se remite al propio Ministerio de Transición Ecológica para denunciar que «más de 33.000» rapaces protegidas son víctimas cada año en España por electrocución en tendidos eléctricos, «aunque informes de organizaciones privadas ponen en evidencia que esa estimación se puede quedar muy corta».

Así, la Fundación de Amigos del Águila Imperial, en un estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander, calcula entre 192.000 y 337.000 las aves muertas cada año en España en tendidos eléctricos.

En el País Vasco no existen datos concretos, «pero una simple extrapolación nos permite constatar que nos encontramos ante un enorme problema ambiental al que no se le está dando respuesta adecuada», critican, por lo que siguen reiterando su petición de constituir patrullas específicas.

En enero de 2019, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco suscribió con Iberdrola un convenio para empezar a adaptar los tendidos eléctricos de la CAV. Eguzki ya valoró en su dia que el convenio llegaba «con mucho retraso y era claramente insuficiente», ya que comprometía a la empresa a adaptar un mínimo de 750 apoyos en tres años, cuando el inventario de 'postes' en zonas consideradas vulnerables «ronda los 7.000», según Eguzki, que reclama «más exigencia» para atajar este problema medioambiental.

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