Vaticinan que la 'ley Sinde' será reformada en cuanto se publique
Algunas asociaciones estudian la posible inconstitucionalidad de un texto que tachan de «inquisitorial»
DV
Jueves, 27 de enero 2011, 08:37
«Ineficaz», «precipitada» e «inquisitorial» son sólo algunos de los adjetivos que asociaciones de internautas y del sector informático dedicaron ayer a 'ley Sinde', un texto al que, en su actual formulación auguran poco recorrido y que algunas asociaciones podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional porque «que se pueda cerrar una página por si acaso hace daño no cabe en la Constitución».
Representantes de las asociaciones de internautas (AI), usuarios de internet (AUI), la asociación de empresas de internet (ANEI) y la de música en internet (AMI), en nombre de otra treintena de organizaciones vinculadas al sector, fueron ayer tajantes al plantear que «la 'ley Sinde tiene que aparcarse y el canon ser eliminado», porque solo benefician «a los intermediarios y los creadores famosos» en detrimento de los usuarios, así como de los artistas que tienen en internet su principal vía de promoción.
Además de reiterar las cuestiones de fondo que constituyen la base de su oposición a la propuesta impulsada por la ministra de Cultura, cuya dimisión volvieron a pedir, vaticinaron que será ineficaz para luchar contra la piratería por tres razones: no resuelve el problema de fondo, que es la reconversión del modelo cultural y del modelo de negocio; la mayoría de las páginas web de descargas de contenidos ilegales están alojadas en servidores extranjeros contra los que no se podrá actuar desde España, y la UE tiene previsto revisar una normativa sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual a la que tendrá que ajustarse la legislación española.
Por esa última razón calificaron también de precipitada la ley y auguraron que tendrá que ser reformada en cuanto se publique. Una de las descalificaciones más duras procedió del presidente de la Asociación Música e Internet (AMI), Santiago Ureta, que aseguró que «esta es una medida cautelar sin precedentes, con una capacidad inquisitorial tremenda».
Los descontentos con la ley que ya pasará a la historia unida al apellido de la actual ministra de Cultura aseguraron que los evidentes problemas que plantea la situación actual tienen solución, «pero no pasan por criminalizar al usuario y al enlazador» y abogaron por una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual. Igualmente, apelaron a la «conciencia» de los senadores para que rechacen en el Senado la enmienda pactada en el Congreso por PSOE, PP y CiU para «poner a los jueces en el papel de certificadores».