Urkullu y Rajoy se reunieron el martes para abordar el inminente desarme de ETA

Las seis décadas de historia de ETA como organización armada tienen desde ayer una fecha de caducidad de tres semanas. La tarde del próximo sábado 8 de abril, «ETA estará totalmente desarmada» con el respaldo de «cientos de personas de la sociedad civil», según anunció ayer el activista social de Iparralde 'Txetx' Etcheverry, convertido en el mensajero de una de las noticias más esperadas por la sociedad vasca. La revelación del desarme no cogió por sorpresa al Gobierno Vasco, que estaba informado de los movimientos que se estaban produciendo en las últimas semanas en ámbitos de Iparralde -conocidos como el grupo de Luhuso, en alusión a las cinco detenciones de activistas sociales que se produjeron hace tres meses en esa localidad- para acompañar el desarme de ETA. Tanto es así que el lehendakari informó personalmente al presidente del Gobierno de los planes de la organización armada el pasado martes en una reunión celebrada en la Moncloa, según ha podido confirmar este periódico. Fuentes conocedoras de este encuentro, que se ha mantenido en el terreno de la discreción, constatan que los ejecutivos español y francés están al tanto del proceso de desarme que ETA pretende llevar a cabo de forma inminente. Lo que está por ver es si la hoja de ruta trazada por la banda junto a representantes de la sociedad civil de Iparralde y la Comisión Internacional de Verificación (CIV) encabezada por Ram Manikkalingam se culmina sin contratiempos.

Fórmula sorprendente. La forma elegida por ETA para anunciar su desarme -que no disolución- fue sorprendente, a través de una declaración de uno de los activistas que resultó detenido y posteriormente puesto en libertad en la operación de Luhuso, Jean-Noel Etcheverry. Este ecologista y sindicalista de ELA comunicó al diario francés 'Le Monde' la intención de ETA de culminar su «desarme total» el 8 de abril. La contundencia de las palabras de Etcheverry y la inminencia de la fecha anunciada, con apenas tres semanas de margen, hizo que la noticia corriera como la pólvora a partir del mediodía. La credibilidad que le concedieron las instituciones -a excepción de los gobiernos español y francés, que optaron por mantenerse en una prudente expectativa- y los partidos políticos contribuyó a dotar al anuncio de una carga histórica evidente.

Implicación ciudadana. Tras la convulsión inicial que provocó la noticia, surgieron las primeras dudas sobre cómo prevé ETA llevar a cabo su desarme. La intención expresada por Etcheverry de llevar a cabo el proceso con acompañamiento de «cientos de personas de la sociedad civil» y la supervisión de verificadores internacionales demostraron que ETA ha abrazado definitivamente la vía de la implicación social para deshacerse de sus arsenales, que en su gran mayoría se encuentran en zulos escondidos en Iparralde. Esta opción ha sido obligada tras constatar que los gobiernos español y francés no tenían la más mínima intención de participar en una escenificación de entrega de armas.

El proceso se acelera. El anuncio de ayer supone una precipitación inesperada de los tiempos para el desarme de ETA. Este periódico adelantó hace una semana que los intermediarios del grupo de Luhuso buscaban acelerar el desarme definitivo, aunque querían hacerlo en un marco de legalidad que, a ser posible, contara al menos con el apoyo del Gobierno Vasco y los verificadores internacionales. Una hipótesis que manejan algunas fuentes es que ETA ha querido adelantarse a las elecciones presidenciales de Francia para aprovechar que en el actual Gobierno de Hollande hay dirigentes que son partidarios de facilitar el desarme, algo que podría cambiar tras la celebración de los comicios.

Garantías legales. Según ha podido saber este periódico, las miembros de la sociedad civil que se han implicado en el desarme de ETA exigían que el tramo final del proceso se llevara a cabo «con garantías legales», para evitar una reacción policial como la que llevó a la detención de cinco activistas hace tres meses en Luhuso. Esta inquietud era compartida por la Comisión de Verificación Internacional, que planteó en todo momento la necesidad de que el proceso se realizara con cobertura legal. Para ello, una de las fórmulas que este grupo de intermediarios ha utilizado para dar legitimidad al proceso de desarme ha sido mantener informadas a instituciones como el Gobierno Vasco o la recién creada Mancomunidad de Iparralde. Esta es la razón por la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, disponía de información de primera mano de la situación.

Mensaje y cita en la Moncloa. Las relaciones entre Urkullu y Rajoy no han sido todo lo fluidas que al lehendakari le hubiera gustado en los últimos años, pero en sus reuniones oficiales el dirigente jeltzale siempre se ha comprometido a mantener la lealtad con el Gobierno en todas las cuestiones que tuvieran que ver con el final de ETA. Por ello, al conocer la inminencia del anuncio de la organización armada, el domingo por la tarde Urkullu se comunicó con Rajoy para solicitarle un encuentro urgente en las siguientes 48 horas. A pesar de que el dirigente popular tiene pendiente desde hace meses una reunión con Urkullu para abordar la «agenda vasca», en esta ocasión fue consciente de la importancia del mensaje y convocó al lehendakari para ese mismo martes en la Moncloa. En la cita Rajoy escuchó cómo Urkullu le trasladaba la relevancia del anuncio que preveía realizar el 'grupo de Luhuso' y le comunicaba sus informaciones de que el Gobierno francés podía estar al tanto de los planes de ETA.

Geolocalización de los zulos. En este proceso de desarme se introduce una novedad que podría ser clave para que los ejecutivos español y francés, que llevan años yendo de la mano en materia antiterrorista, no obstaculicen el proceso de desarme. Se trata de la disposición expresada por ETA de entregar una lista de sus zulos que incluirá la geolocalización de los mismos, una exigencia del Gobierno del PP desde que la organización anunció el cese definitivo de la violencia en 2011. Este avance permitió que Rajoy mostrara su disposición a dialogar con Urkullu durante la reunión que mantuvieron en la Moncloa. También ha contribuido a tranquilizar al presidente del Gobierno que los zulos previstos en la 'vía Luhuso' se encuentran en territorio francés, lo cual hace que casi todo el peso del proceso de desmantelamiento del arsenal vaya a recaer en las fuerzas de seguridad francesas. La previsión, y ahí está otra de las claves, es que las armas no serán destruidas, lo que permitirá un análisis pericial de cara al posible esclarecimiento de asesinatos sin resolver.

Cuatro pasos. Este periódico ha tenido conocimiento de la hoja de ruta que quiere acometer ETA a partir del gesto de desarme que tendrá lugar el 8 de abril. El proceso consta de cuatro pasos. El primero de ellos se producirá el mismo 8 de abril: ETA hará llegar a los integrantes del 'grupo de Luhuso' la geolocalización de los zulos, y los activistas sociales se lo harán saber a los verificadores internacionales del CIV. En fechas sucesivas, aún sin concretar, se irán encadenando el resto de los pasos. El segundo consistirá en que el 'grupo de Luhuso' entregará los datos proporcionados por ETA a los miembros del CIV en presencia de representantes institucionales, en concreto del Gobierno Vasco, para que los verificadores puedan comprobar la autenticidad de la geolocalización de los zulos. El tercer paso llegará cuando el CIV entregue los datos de los zulos al Ejecutivo francés. El cuarto punto, mientras, contempla que las fuerzas de seguridad francesas se empoderen de los zulos en presencia, a ser posible, de miembros de la sociedad civil. Esta pretensión puede ser la más compleja de llevar a cabo, pero el deseo de ETA es escenificar de algún modo que entrega las armas 'al pueblo'.

El peligro de la fecha. El hecho de que 'Txetx' Etcheverry concretara ayer el día exacto en el que ETA va a comunicar la geolocalización de todos sus zulos contribuyó a dar credibilidad a la noticia, aunque también implica un riesgo, según algunas de las fuentes consultadas. El peligro reside en que los gobiernos español y francés, que parecen tener «monitorizados» la mayoría de los movimientos de los integrantes del 'grupo de Luhuso', pudieran lanzar alguna operación policial anterior al 8 de abril para mitigar la escenificación de entrega de armas. Por ejemplo, con el desmantelamiento de alguno de los zulos. Las instituciones vascas confían, no obstante, en que nada aborte la noticia que se dio a conocer ayer por parte de los intermediarios de ETA. Si no aparecen contratiempos de última hora, el gesto de desarme del 8 de abril cerrará más de medio siglo de 'lucha armada' en Euskadi.