Diario Vasco
Joseba Azkarraga.
Joseba Azkarraga. / L. A. GÓMEZ

Joseba Azkarraga (portavoz de Sare): «Las nuevas mayorías en Madrid y Euskadi pueden cambiar la ley de excepción»

  • «Nuestra labor es agrupar en la necesidad de acabar con el alejamiento de presos a personas confrontadas en el pasado»

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La red ciudadana en favor de los derechos de los presos de ETA, Sare, y su portavoz, Joseba Azkarraga (Agurain, 1950), trabajan en la organización de la gran manifestación por los presos que suele abrir el año en enero. Su reto es ensanchar a nuevos sectores políticos y sociales el apoyo a demandas como el fin de la dispersión, explica el exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco.

-¿Dónde pone el foco Sare?

-En cuatro conceptos: En la dispersión y el alejamiento, con familias condenadas sin cometer delito alguno a sufrir una política penitenciaria vengativa que no respeta la legislación, que dice que todo preso debe cumplir su condena cerca de su domicilio; en la decena de presos enfermos para los que pedimos que se aplique el Código Penal con prisión atenuada en su casa o puesta en libertad; en la acumulación de condenas en España a presos en Francia, con ocho presos que llevan más de dos años por encima de la condena dictada por los tribunales, incumpliéndose la doctrina europea; y en la legislación de carácter excepcional, la Ley Orgánica 07/2003, que posibilita todas estas vulneraciones y cadenas perpetuas encubiertas en las condenas de 40 años sin posibilidad de redención.

-¿Cómo pueden ustedes acabar con esa legislación? Ahora trabajan en la gran movilización del 14 de enero, pero siempre queda la sensación de que esa efervescencia termina el lunes siguiente.

-Bueno, ahora se abre una perspectiva nueva que no sé en qué tiempo dará frutos. Las mayorías en los parlamentos español y de la Comunidad Autónoma Vasca son diferentes a las existentes hasta ahora y quiero creer que están en disposición de cambiar esta jurisprudencia excepcional. Estamos hoy en un posición mejor que hace unos meses para cambiarla.

-¿Para materializar esas mayorías, sobre todo en el Congreso, serán clave los socialistas?

-Hemos tenido en campaña reuniones con los partidos vascos, salvo el PP, y les trasladamos los cuatro elementos que he citado al principio para defender un mínimo común en las instituciones. Estuvimos con el PSE-EE y vimos una voluntad interesante, al margen de la situación interna del PSOE, que no tiene que repercutir en esto. Vamos a tener otra ronda de partidos para buscar ese mínimo común.

-¿Qué espera del nuevo Gobierno del PP y del nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido?

-Del PP espero muy poco, pero sí espero del resto de partidos. Ahí está la clave. También vemos con simpatía algunos movimientos en el Tribunal Supremo o en sentencias de la Audiencia Nacional, con jueces que empiezan a plantear que no tiene sentido mantener la legislación excepcional.

-¿Si ETA avanzara unilateralmente en el desarme y desaparición, favorecería la situación de los presos?

-Es posible. Lo que ocurre es que ETA, desde que abandonó la violencia hace cinco años, ha invitado al Gobierno español a un proceso tasado de entrega del armamento y la respuesta ha sido 'no'. No se puede aplaudir en Colombia y aquí mirar a otro lado. Con la detención de Irastorza se ha llamado éxito policial a un intento de boicotear un proceso pactado de entrega de armas.

-Supongo que uno de los objetivos de Sare es ensanchar la reivindicación por los presos a sectores alejados de esta demanda.

-Sin duda. La campaña 'Salatzen dut' es activar a la sociedad y que sean partícipes de la necesidad de un cambio. Hemos logrado que nos apoyen personas como Rosa Rodero, víctima del terrorismo, el exlehendakari Ibarretxe o el músico Kepa Junkera. Esa es la labor de Sare: agrupar a personas muy diferentes, confrontadas en el pasado, pero que creen que esto les puede unir. Esta es la perspectiva de la manifestación de enero.

«Los pasos de los presos»

-¿Una profundización de los presos en el reconocimiento del daño causado por los atentados ayudaría a lograr más empatía a sus reivindicaciones por parte de nuevos sectores sociales, principalmente en el constitucionalismo?

-No creo que sea un problema porque en 2013 el colectivo de presos reconoció el daño causado y asumió hacer uso de la legalidad penitenciaria, y a partir de ahí se han ido dando pasos en ese objetivo. El problema es que siempre se les pide otro paso más, cuando nadie sabe dónde está el límite de la exigencia de la otra parte. Hay que poner un límite o que se diga para qué tienen que hacer unas manifestaciones determinadas. A los presos y presas no se les pueden pedir más pasos de los que ya han venido dando.

-Usted vivió hace cuarenta años el proceso de reinserción, muy discreto, de algunos presos. ¿Podría repetirse ese esquema?

-Se trataba de ETA VIII Asamblea. Se buscaba una salida para ese grupo de presos y se acordó con el Gobierno y el Defensor del Pueblo españoles un proceso de indultos y salidas. Hoy es una situación diferente. ETA tomó una decisión importante de poner fin a la violencia y llevamos cinco años esperando el paso del Gobierno español. Ahora hay otras fórmulas, como la justicia transicional.

-Hace unos días se produjo una polémica al acusarse a su mujer, directora de gabinete del alcalde de Vitoria, de firmar una subvención para la red Sare.

-Por la responsabilidad que ocupa firmó el decreto de ayuda a subvenciones, pero una vez que se apuntaron diferentes asociaciones, entre ellas Sare, se inhibió. Alguien vendió mercancía averiada.

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