Un enredo que ha durado dos décadas

El acuerdo llegó después de ocho años de polémicas. En diciembre de 2008, ya en la primera legislatura de Markel Olano (2007-2011), las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron el famoso Pigrug (Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa), que incluye la incineradora de Zubieta. El documento contó con los votos a favor de PNV, EA, PSE y PP, en tanto que EB y Aralar lo rechazaron.

Se zanjaba, en teoría, el problema de qué hacer con las 165.000 toneladas de residuos no reciclables que genera Gipuzkoa al año, una vez cerrados los grandes vertederos, una solución denostada por la normativa medioambiental en materia de residuos de la UE.

2011, un año de cambios

Los responsables forales metieron el acelerador para intentar dejar atado el inicio de la construcción de la planta. En marzo de 2011 se llegó incluso a poner la primera piedra de las infraestructuras de Zubieta, en un acto simbólico en el que participaron Olano; el entonces diputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal; y el exalcalde de Donostia, Odón Elorza, que en su día se opuso a la planta pero terminó por avalar la instalación. La excavación de los terrenos en Zubieta había comenzado unos meses antes.

Ese año es clave en la deriva de la gestión de las basuras. Las elecciones de mayo dieron el gobierno foral a Bildu que, tras meses de mensajes inconcretos, terminó por enterrar el plan acordado en las Juntas Generales y dar un giro radical al tratamiento de las basuras. A finales de 2013, y tras decidir paralizar la incineradora adjudicada por sus antecesores en el cargo, acuerda indemnizar a las empresas adjudicatarias con más de 8 millones de euros, más las costas por los trabajos desarrollados. En total, 11 millones. Además, y también con sentencia de por medio, el Consorio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) debe pagar 600.000 euros a los bancos con los que en su día se firmaron contratos de financiación. En paralelo, la coalición abertzale aprobó su propio plan, apoyado en el sistema puerta a puerta (PaP) para aumentar las tasas de reciclaje. En lugar de la incineradora como cierre del sistema de tratamiento de las basuras, contemplaba tres plantas de tratamiento mecánico-biológico, una de biometanización y seis de compostaje.

Sin ninguna de esas infraestructuras iniciadas al término de la legislatura, las elecciones de mayo de 2015 volvieron a sentar en el gobierno foral al PNV, esta vez con el PSE de socio. Los resultados abrían la puerta a un acuerdo sobre basuras. Lo primero que se hizo fue iniciar un nuevo concurso público para proceder a una nueva adjudicación de la obra de Zubieta. El ganador es un consorcio liderado por Urbaser, una empresa que pertenecía a ACS pero que el año pasado fue adquirida por el grupo chino CNTY, especializado en medio ambiente y gestión de residuos. El consorcio lo completan cuatro empresas guipuzcoanas: LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uria.

La concesión a Urbaser provocó el recurso del anterior adjudicatario, FCC, pero la Justicia ha validado la segunda concesión, que este miércoles comienza a ver la luz con el inicio de las obras.