Los transportistas recurren a la vía judicial para frenar el peaje en la N-1

Es lo que tiene ser un embudo por donde necesita transitar todo el tráfico de mercancías que se dirige hacia Europa desde cualquier punto de la Península Ibérica. Si se pone una traba en el camino, afecta a todos. Hacer causa común resulta ineludible en nombre de unos intereses compartidos. Es lo que va camino de sucederle a Gipuzkoa con su proyecto de establecer un peaje para vehículos pesados en el eje de la N-1. Que todo el sector del transporte de mercancías del Estado se le eche encima.

Porque se le echará. Lo advirtieron los transportistas cuando fueron conocedores de las intenciones de la Diputación foral de Gipuzkoa y lo ha confirmado recientemente el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la norma foral que aprueba la implementación del canon.

La reclamación judicial fue registrada en el alto tribunal vasco el pasado 12 de enero bajo las premisas de que el sistema de cobro que se quiere establecer en la N-1 atenta contra la competitividad del sector y supone una evidente discriminación al transporte de mercancías en tanto en cuanto el camión es el único tipo de vehículo que deberá pagar, siendo la vía gratuita para los vehículos particulares y los autobuses.

El criterio reivindicado por la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), de que «paga el que usa» se encuentra en el núcleo de la argumentación que defiende el recurso. Un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor asociación del CNTC con un 56,5% de representatividad, asegura que el problema reside en el propio concepto de la «tarificación por uso». Se opone a que el sector tenga que hacer frente a un canon «cuando entre el 85 y el 90% de los productos que se comercializan se transportan por carretera en un camión», y defendiendo que todos los beneficiarios de esa mercancía deberían apoquinar su parte alícuota de esa infraestructura que ha permitido su movimiento de origen a destino. Vaticina además «un efecto adverso en la economía al encarecerse todo por culpa de una medida inflacionista».

Por su parte, Fenadismer -la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España-, la segunda organización con mayor peso específico en el CNTC con un 15% del comité, arroja más argumentos anti peaje. Dice que «afectará de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea» y añade que «vulnera la normativa estatal sobre traspaso de competencias en materia de carreteras, al romper la unidad de mercado con el resto del territorio español».

«Medidas de presión»

Tener que pagar por atravesar el embudo guipuzcoano ha unido a todo el sector que opera en el Estado español. Dieciséis asociaciones de transportistas se agrupan en la sección de mercancías del CNTC -el órgano cuenta con otra secretaría independiente de viajeros-, donde también participa la Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías por Carretera (Guitrans), a través de Fitrans, la Federación Interregional de Asociaciones de Transporte a la que pertenece.

Mientras echa andar la rueda de los tribunales, de momento, el respaldo que cuenta es el de las Juntas Generales de Gipuzkoa, territorio que, tal y como ha insistido la diputada de Infraestructuras Viarias, es soberano en la cuestión de la gestión de carreteras y tiene la competencia exclusiva para tomar decisiones al respecto.

La Cámara guipuzcoana aprobó el pasado 14 de diciembre -con 28 votos a favor y 17 abstenciones- la Norma Foral ahora recurrida por la que se regula un sistema que pretende que sean los camiones foráneos -el 60% de esos 12.000 diarios- los que carguen con la mayor parte de la financiación de la carretera. La Diputación espera poder orientar tres millones de euros de todos los guipuzcoanos cada año a otro tipo de necesidades gracias a este peaje.

Para ello, la institución foral ha buscado una solución consistente en dividir la zona de cobro en tres trayectos, de manera que solo quien atraviese todo el eje Irun-Etzegarate tenga que pagar el máximo que, en cualquier caso, quedará por debajo de los 10 euros.

La carga del importe se centrará en los extremos del eje, de manera que quienes circulen dentro del ámbito de cobro pero sin sobrepasar esos dos límites solo abonarán al sistema un tope de 0,70 euros si son vehículos de menos de doce toneladas y de 0,85 euros si superan este pesaje cuando atraviesen el paso por Andoain. Los servicios jurídicos han delimitado un tramo mínimo de 2,2 kilómetros en ese punto intermedio para conseguir justificar dicho precio ante los criterios europeos que dictan cuánto cobrar en función de distancia y tipo de vía.

El proyecto de instalar y gestionar el peaje para camiones durante cuatro años ya ha sido adjudicado a Bidelan por un importe que asciende a 16 millones de euros. Una vez diseñado el software del sistema de cobro, durante el segundo semestre del año se realizarán unas pruebas que ayudarán a valorar costes de explotación más específicos y la previsión es la de empezar a aplicar el cobro a inicios de 2018. Todos los vehículos con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas deberán pagar el canon a través de un sistema obligatorio de free flow -arcos- gracias al cual los camiones no tendrán que detenerse.

Mientras se acerca la fecha de la implementación del sistema de cobro, el sector del transporte de mercancías valora recurrir a la movilización para tratar de presionar al Gobierno foral de Gipuzkoa. De hecho, este mismo martes el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) celebró un pleno en la misma sede del Ministerio de Fomento de Madrid para acordar «medidas de presión». De la reunión no trascendieron iniciativas de protesta definidas, aunque un portavoz de CETM explica que «nos reservamos tomar otras medidas si es que no prosperan ni la vía del diálogo, ni la judicial».

Ese será el orden en el que las asociaciones de transportistas abordarán su intento de parar el peaje de la N-1. «Primero intentaremos convencer a las autoridades guipuzcoanas del sinsentido que supone imponer este canon. Si lo consiguiéramos, retiraríamos el recurso». ¿Y si no? La amenaza no se concretó el martes, aunque todas las asociaciones presentes en el CNTC se comprometieron a secundar las medidas que se puedan adoptar en los próximos meses.

En la sesión del martes el sector compartió la tesis defendida por Fenadismer, que considera que, «por su posición geográfica privilegiada», Gipuzkoa ya recauda «ingentes cantidades vía tributos procedentes del impuesto de hidrocarburos de los más de 7.000 camiones que diariamente circulan por dichas vías, que supone en torno a 300 millones de euros anuales, muy superior al presupuesto destinado a mantenimiento de infraestructuras». Tras el envite del recurso al TSJPV, los transportistas no descartan plantear un órdago al Ejecutivo guipuzcoano.