El Ayuntamiento de Lezo abre expedientes a tres vecinos por retirar los colgadores del PaP

La alcaldesa de Lezo, Ainhoa Zabalo, dijo ayer que el gobierno municipal sigue firme en su intención de implantar el puerta a puerta en la localidad, que estrenará este sistema de recogida de basuras a final de mes, y anunció la adopción de medidas ante «las acciones vandálicas» que se registraron la pasada semana en el barrio de Altamira. El Ayuntamiento ha abierto tres expedientes con multas de entre 1.500 y 3.000 euros contra tres ciudadanos por «retirar colgadores y romper tornillos», que se habían colocado en las fachadas de unas viviendas del barrio. Según la plataforma Lezo Garbia, que ha recogido 2.000 firmas contra el PaP en el municipio, «los vecinos solo retiraron los postes de la fachada porque consideran que es su propiedad y entienden que ahí no se deben poner sin permiso», argumentaron.

Zabalo, que estuvo acompañada por los ediles de Bildu Eneko Lartige, Mikel Arruti, Luis Garrido, Ángel Portugal y el responsable de la Policía Local de Lezo, Segundo Garbizu, explicó que una de las principales funciones del gobierno local es la de proteger y mantener en condiciones el mobiliario urbano y es por ello que han optado por tomar medidas ante la retirada de los colgadores. La alcaldesa dijo que durante la colocación de los elementos «hemos recibido insultos y amenazas y no vamos a admitir eso más». Denunció que los miembros de Lezo Garbia muestran una doble cara «ya que por un lado en la asamblea hicieron un llamamiento a la insumisión y a quitar los colgadores y luego condenan esos hechos. ¿Cómo se puede primero crear crispación y luego condenar?».

La alcaldesa lezoarra explicó que durante el proceso participativo previo a la implantación del puerta a puerta «ya se habló con los vecinos y se les dio a conocer la existencia de un estudio técnico sobre los lugares más idóneos para instalar los colgadores. Una vez transcurridos seis meses se hará una nueva valoración y se verá si hay que mover alguno de sitio, pero lo que no se puede hacer es que cada vecino los quite por su cuenta».

También ha presentado una queja formal ante la Ertzaintza, al negarse agentes de este cuerpo a identificar a los vecinos de Altamira que habían retirado los colgadores, según la versión de la alcaldesa. «Se fueron sin haber identificado a nadie y viendo que la propia alcaldesa y algunos de los concejales estaban siendo perturbados», añadió la alcaldesa que dijo haber sufrido «amenazas e insultos» tras marcharse las patrullas policiales. El Departamento de Seguridad, en cambio, rechazó las críticas de Bildu a la pasividad de los agentes.

Por su parte, el portavoz del PSE en Lezo, Mikel Arrizabalaga, denunció «la imposición» del sistema y apoyó «a los ciudadanos que se han manifestado su oposición a la implantación 'manu militari'».