El pacto traslada el futuro de la incineradora a las Juntas, que deberán decidir antes del 30 de junio

Un 'tiempo muerto' de seis meses. Es la solución de compromiso a la que han llegado Bildu y el PNV en torno al futuro de la incineradora para desatascar la negociación presupuestaria en Gipuzkoa, cuyo principal punto de fricción estaba, además de en la necesidad de un plan anticrisis, en la construcción de esta infraestructura proyectada en Zubieta para el tratamiento de las basuras.

El acuerdo establece que serán las Juntas Generales -el Parlamento provincial- las que tomarán, a través de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, la decisión definitiva sobre cuál es el modelo que necesita Gipuzkoa para gestionar sus residuos urbanos. Los miembros de esta comisión tendrán hasta el 30 de junio para adoptar una solución.

En ese plazo, los junteros realizarán un «análisis y seguimiento de las decisiones que se han adoptado hasta la fecha en torno a la planificación de la gestión de los residuos urbanos», al tiempo que tendrán que analizar las propuestas que la Diputación pueda enviar a las Juntas Generales dirigidas a modificar el Plan Integral de Gestión de Residuos.

En otras palabras, que tomarán su decisión teniendo en cuenta por un lado las conclusiones ya establecidas, y por otro, las alegaciones que presente la Diputación en función de los resultados que ofrezcan los modelos alternativos (puerta a puerta, quinto contenedor...) y que, en caso de ser positivos, podrían dar lugar a dictaminar la no necesidad de una incineradora o de una de menor de tamaño.

Mientras las Juntas debaten la cuestión, el acuerdo establece el compromiso de Bildu de no adoptar en las entidades y/o instituciones que controle «decisión alguna que impida u obstaculice la ejecución de las infraestructuras que están previstas y aprobadas hasta la fecha».

Este punto tiene un destinatario directo, el Consorcio de Residuos (GHK), con mayoría aplastante de Bildu, que esta tarde debe decidir qué hace con la incineradora. Tras el acuerdo presupuestario con el PNV, queda garantizado que el Consorcio no paralizará su construcción, aunque cabe la posibilidad de que suspenda momentáneamente por un periodo de seis meses el acuerdo con las empresas constructoras.

La sensibilidad social que rodea este asunto ha hecho que el texto acordado por jeltzales y abertzales sea extremadamente escrupuloso en los términos utilizados. Así, en ningún momento se utiliza el término incineradora (que no es del agrado de Bildu), recurriendo siempre a la 'gestión de residuos urbanos', ni el de moratoria, algo de lo que no quiere oir hablar el PNV.

En lo que a la financiación del plan de gestión respecta, el PNV ha logrado que la Diputación mantenga los fondos previstos para el año entrante, fijando una partida mínima de 10 millones de euros, ampliables a un máximo de 20, así como un crédito de compromiso de cinco millones para el presupuesto de 2013.