La Diputación califica de «muy grave» el acuerdo para edificar la incineradora

La Diputación calificó ayer de «muy grave» la aprobación por parte del Consorcio de Residuos (en funciones) del proyecto básico de la incineradora. Los representantes de PNV, PSE y H1! dieron el visto bueno al diseño técnico de la planta de Zubieta. Desde enero se trabaja en la explanación de los terrenos y se prevé que el edificio comience a construirse en junio del próximo año.

El diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, mostró ayer un enfado mayúsculo ante el acuerdo adoptado el jueves, justo una semana antes de que los actuales consejeros dejen el cargo. «Tiene un claro afán torpedeador y va en contra de las mancomunidades y los ayuntamientos surgidos de las elecciones de mayo», subrayó el responsable foral.

No obstante, Alduntzin indicó que la decisión «no tiene ninguna virtualidad política ni práctica», dado que el nuevo Consejo de Administración, que surgirá de la asamblea que tendrá lugar la próxima semana, podría revocarlo. El nuevo órgano rector tendrá mayoría absoluta de Bildu, coalición que ha propuesto una moratoria para la incineradora.

Alduntzin, que compareció junto a Ainhoa Iraola, directora de Medio Ambiente, explicó que el paso dado por el Consejo en funciones «no condicionará las decisiones libres y democráticas de los ayuntamientos y las mancomunidades. Esas instituciones van a adoptar las decisiones que consideren oportunas para el tratamiento de sus residuos. Esta Diputación aceptará las determinaciones que se adopten».

«Última pedorreta»

El diputado calificó la decisión del Consejo saliente como «última pedorreta» de la entidad, una «huida hacia adelante». Añadió que el acuerdo se adoptó «a sabiendas de que va en contra de la opinión mayoritaria de la asamblea que se constituirá el jueves. El presidente de la Mancomunidad de San Marcos y yo mismo pedimos al presidente del Consorcio (Carlos Ormazabal) que no tomaran decisión alguna, teniendo en cuenta que la semana que viene el nuevo Consejo de Administración podía aprobar el mismo acuerdo sin ningún reparo».

Los responsables del Consorcio en funciones explicaron que la fecha de la convocatoria del consejo venía determinada por la necesidad de cumplir los plazos legales.

Señalaron que las empresas adjudicatarias entregaron la documentación el 11 de setiembre y que la normativa dejaba un plazo máximo de un mes para evaluar el proyecto básico. De lo contrario, se debería indemnizar a las empresas.

Alduntzin negó estos argumentos. «Esos plazos son falsos. Los consejeros fueron informados por el letrado asesor y por la secretaria de que el nuevo Consejo podía tomar la decisión. Aún así, dieron el paso con el único afán de pretender hipotecar más el futuro de los guipuzcoanos».

El diputado foral de Medio Ambiente añadió que los partidos políticos que sustentaron la decisión «no han aceptado todavía los resultados electorales del 22 de mayo. No han asumido el cambio político e institucional que otorgaron las urnas ese día».

Añadió que «esa manera de gestionar y de adoptar las decisiones basada en la imposición, ese modelo que nos ha conducido casi al abismo, no puede continuar. Esta Diputación no está dispuesta a entrar en ese juego».

Plataforma

La Coordinadora de Plataformas de Gipuzkoa contra la incineradora y el Pacto de Usurbil también denunciaron el acuerdo, en una acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de San Sebastián. Incidieron, como Alduntzin, en que el Consejo «está en funciones», por lo que «en esa situación no tiene legitimidad para tomar decisiones transcendentes y, mucho menos, condicionar el trabajo del próximo Consejo de Administración».

La portavoz de la Coordinadora, María Luisa Sánchez, señaló que «la incineración no es la solución para los residuos, sino que es un sucio negocio que lo usan para intereses particulares», al tiempo que volvió a exigir la moratoria.