Bloques 1, 2 y 3 de Alliri pasealekua que ven con «enorme preocupación» su situación a partir de enero de 2026. GOÑI

Tolosa

21 familias de las VPO de Alliri piden garantizar la continuación de sus contratos protegidos

Solicitan al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que intermedie con la propietaria Adania Gestión que los nuevos contratos sean bajo rentas asequibles

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:42

Las veintiún familias residentes en los números 1, 2 y 3 de Alliri pasealekua, viviendas de protección oficial (VPO), han remitido un escrito al ... consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, para que «intermedie con el arrendador para garantizar la firma de nuevos contratos protegidos con rentas asequibles», explican en la nota remitida a través de Stop Desahucios. La empresa propietaria de estos tres bloques es Adania Gestión, que mantiene con los vecinos un alquiler protegido con rentas entre 600 y 650 euros.

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Las familias, que en el momento en el que firmaron sus contratos de arrendamiento formaban parte de las listas de Etxebide, aseguran desde la plataforma, ven con «enorme preocupación» el futuro que se les presenta, pues las VPO en las que residen perderán desde el 26 de enero de 2026 su condición de viviendas protegidas, por lo que la promotora «puede optar por vender o por alquilar las veintiún viviendas, pero a precios de mercado», advierten en el comunicado; en ningún caso la pérdida de sus hogares. Esto es así porque el convenio de colaboración firmado con el Gobierno Vasco con la entonces propietaria Sociedad Residencial Langa, S.L. de 2002, es anterior a las promociones firmadas del 1 de enero de 2003 en adelante. Esto es, no tienen carácter permanente y no está amparada bajo el Decreto 315/2002, de 30 de diciembre.

Este cambio en la condición de los hogares de estas veintiún familias llevaría a que pasaran de una renta entre 600 y 650 euros, según la superficie de los pisos, a un posible alquiler que en Tolosa rondaría entre los 800 y 900 euros, o la compra de la vivienda en la que se establecen. Como se indica en la nota son familias con «ingresos modestos» que «la mayoría de ellas» no podrían afrontar el desembolso que plantearía la pérdida de la protección.

A partir de enero de 2026, la empresa propietaria «puede optar por vender o alquilar las viviendas, pero a precios de mercado»

Por ello, ayer enviaron el escrito al consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, para que el Gobierno Vasco actúe como mediador para que se puedan mantener contratos protegidos, así como al delegado territorial en Gipuzkoa, Alfonso Sanz, para que se reúna con los vecinos. El objetivo está en que tras los contratos actuales de los vecinos de Alliri, que irán finalizando a lo largo de 2026, los nuevos mantengan el acuerdo bajo alquiler y sean de carácter protegido con el amparo del Gobierno Vasco y con la mayor duración, con rentas asequibles, a negociar y fijar.

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Postura del Ayuntamiento

El Ayuntamiento lleva desde que tuvo conocimiento de la situación de los tolosarras manteniendo reuniones con los afectados y la plataforma Stop Desahucios, siendo la última a principios de este mes de septiembre. El concejal de Urbanismo, Ander Figuerido, asegura que están en contacto con el Gobierno Vasco para que medie con la empresa Adania Gestión, a la que desde el Consistorio se le solicita que mantenga la protección de los alquileres.

Desde la plataforma por la vivienda indican que «existe la Orden del viceconsejero de Vivienda, de 7 de diciembre de 2021, que regula distintas ayudas para que promotores privados ofrezcan alquileres asequibles».

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La Zona Tensionada, aliada

Tal como se menciona en el escrito, Tolosa está cerca de ser declarada Zona Tensionada de Vivienda, que se estima pueda llegar, con la publicación del Boletín Oficial del Estado, en el mes de enero. Con la declaración, los precios del alquiler se toparían según los índices de referencia del mercado de vivienda y la empresa Adania Gestión, como gran tenedora, tendría que cumplir con lo que indique la norma. En otras palabras, podría ser una vía de solución para estos vecinos, aunque se desconoce cuál es el baremo que se establecería en el municipio, pues esos índices todavía no son públicos.

Vecinos, Ayuntamiento y Stop Desahucios esperan que la declaración de zona tensionada pueda llegar antes de que expiren los contratos, para que los siguientes a firmar durante 2026 estén acordados una renta que no suponga un gran gasto en la economía de estas veintiún familias.

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