Las víctimas del amianto exigen que se active ya el fondo de compensación

Jon García, portavoz de Fedavica, denuncia que «por ahora nos encontramos con el incumplimiento por parte del Gobierno de lo establecido en la propia ley, que es la obligación de desarrollar su reglamento, en un periodo de 90 días, que concluían el 20 de enero». Pero no es la única queja por parte de la asociación: «A día de hoy seguimos sin aprobar el reglamento y además con un proyecto por parte del Ministerio de Seguridad Social que no mantiene el espíritu de la ley en los relativo a las cuantías y al procedimiento a seguir». Y por eso exigen al Gobierno en funciones que «apruebe el decreto del reglamento y rectifique los puntos señaladosrespetando el espíritu de la norma».

En un principio, el fondo de compensación se iba a dotar con 25 millones de euros. La cuestión económica es el gran caballo de batalla en todo este proceso, ya que en julio García ya se lamentaba de que «nos han dicho que las van a revisar y van a estar condicionadas a esa cantidad, cuando nos habían dicho que no nos preocupásemos, que era algo simbólico».

Desde Fedavica se muestran tajantes con el asunto económico: «Es inadmisible la lectura que el Ministerio de Seguridad Social hace de la Ley otorgando unas indemnizaciones que no resuelven el tener que acudir a la vía judicial. Y que, además, supone una discriminación con otros colectivos como las víctimas del terrorismo, víctimas del VIH y la Talidomida. Colectivos todos ellos a los que se les otorga como mínimo unas cantidades económicas tres veces superiores a las propuestas a las víctimas del amianto».

Pero lo cierto es que el panorama al que se enfrentan las víctimas del amianto a día de hoy es totalmente incierto. Y es que es la segunda ocasión que un adelanto electoral frena el proceso de la puesta en marcha de este mecanismo. Además, si el Gobierno en funciones no lo aprueba mediante un decreto ley, lo más probable es que el proceso se quede parado y el nuevo ejecutivo sea el que active de nuevo el proceso: «Al menos no partimos de cero», reconocía García en julio tras la reunión mantenida en el Ministerio de Seguridad Social y en el que se les comunicó que el reglamento había llegado fuera de plazo.

Con este escenario, Jon García recuerda que es «inadmisible que después de más de 20 años de la prohibición del uso del amianto en nuestro país, el Estado no asuma su responsabilidad de amparar a las víctimas del amianto».

Desde Fedavica también denuncian que es «evidente la falta de consideración del Gobierno del Estado para con el Parlamento Vasco», ya que el proyecto de ley nació desde Vitoria donde hasta en tres ocasiones se ha tenido que registrar la propuesta. «Cuando además es la primera Ley propuesta por iniciativa del Parlamento en la historia de la democracia», recuerda Jon García.