Seis reveses a cuenta del ejercicio de derechos y los límites competenciales

El del fútbol esta semana es el sexto revés judicial que el tribunal autonómico propina a medidas del Gobierno Vasco para contener la pandemia, lo que hace de Euskadi la comunidad autónoma que más varapalos ha recibido durante la crisis sanitaria. El tiempo y los expertos juristas determinarán si este choque entre los poderes ejecutivo y judicial en Euskadi obedece a un exceso de celo en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte del estamento judicial o a un intento de abuso en sus atribuciones competenciales por parte del gabinete de Urkullu.

La historia del desencuentro comenzó en agosto del año pasado, cuando el TSJPV tumbó el cierre del ocio nocturno a la 1.30 de la mañana que había decretado el Gobierno Vasco. Aceptando las tesis del sector, la sala entendió que no estaba demostrado que pubs y discotecas fueran focos de contagio. Así que anuló el decreto y permitió que los pubs abrieran hasta las 3 y las discotecas hasta las 5.

La decisión apenas duró un fin de semana. El mismo día que el TSJPV dio a conocer su auto, el Ministerio de Sanidad anunciaba que preparaba una orden para cerrar totalmente el ocio nocturno en toda España. La ventana, pues, duró unos pocos días, hasta que el Gobierno central aprobó su norma, de aplicación obligatoria en todo el Estado.

La segunda reprimenda llegó en octubre. Días antes de que entrara en vigor el segundo estado de alarma, Euskadi preparaba un decreto con medidas como la limitación de reunión a seis personas. Antes de aprobarlo elevó consultas al TSJPV, que le advirtió de que el derecho de reunión es un derecho fundamental que no se puede suspender sin el paraguas de una legislación excepcional, como es el estado de alarma.

Esta tesis llevó a Urkullu a presionar, junto con otros presidentes autonómicos, a Pedro Sánchez para que decretase un segundo estado de alarma, que acabó llegando pocos días más tarde, el 25 de octubre.

El tercer episodio fue el más polémico y el que supuso el inicio del hartazgo del Gobierno Vasco con el juez Garrido. En plena tercera ola, la que siguió a los excesos de Navidades, la sala del TSJPV anuló en febrero la estrategia de cerrar automáticamente los bares y restaurantes en los municipios con incidencia superior a 500 (zona roja). La polémica surgió al conocerse lo que pensaba Garrido de los epidemiólogos y de las restricciones por el Covid por unas declaraciones y sus estados de Whatsapp.

La puntilla llegó en mayo, en vísperas del fin del segundo estado de alarma, cuando Garrido marcó los límites legales de Euskadi para no saltarse sus competencias ni vulnerar derechos fundamentales. Así, impidió establecer barreras de carácter general a la movilidad, a la reunión y toques de queda, mientras en otras comunidades los tribunales sí lo permitían. Hastiado por los reveses, Urkullu decidió que no judicializaría la batalla contra el Covid y no recurriría ninguna decisión del TSJPV, aunque puede hacerlo.

Las discrepancias, que han seguido con las mascarillas en la playa y los aforos en el fútbol, se ciñen así no solo al ejercicio de los derechos fundamentales, sino también al ámbito competencial, materia especialmente sensible para el Gobierno Vasco.