Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

La razón del mantenimiento de este desfase, según avanzó Mónica García hace ya varios días, es que hay muchas autonomías (las gestoras de la prestación sanitaria) que están «incumpliendo» el contenido de la ley de 2023, que exige a todas las administraciones que garanticen que las ciudadanas pueden someterse a los abortos en los hospitales públicos y, además, que se practiquen en centros lo más próximos posibles a su lugar de residencia.

Lo cierto es que, según los datos dados a conocer por Sanidad, hay cinco autonomías, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, de las que se puede decir que no realizan ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, pues su tasa de desvío de casos a clínicas privadas oscila entre el 99,07% de Murcia y el 100% de Extremadura. De igual forma, hay otras tres (Aragón, Asturias y el País Vasco) que no llegan ni al 5% de actuaciones en la sanidad pública y la Comunidad Valenciana se queda en el 10%. García indicó que se trata de cifras «inaceptables» y subrayó el caso de Madrid, que de los 162.000 abortos practicados en la última década solo hizo 177 en centros públicos.

De hecho, solo seis comunidades comienzan a cumplir y realizan más de la mitad de sus interrupciones voluntarias en centros públicos. Destaca el caso de Cantabria, con nueve de cada diez abortos en hospitales públicos, seguida de Galicia, La Rioja y Navarra, con tres de cada cuatro, de Cataluña, con el 56%, y de Baleares, con el 45%.

El método usado para la interrupción varía mucho según la titularidad del centro sanitario. En el caso de los 22.500 abortos realizados en la pública, en su gran mayoría se llevó a cabo a través de fármacos. Por contra, en el caso de los centros privados concertados el 83% de las interrupciones se hicieron por intervención quirúrgica.

Esto hace, por lógica, que el método farmacológico fuese predominante en las comunidades con mayor proporción de abortos en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%). En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente. «Esta divergencia evidencia -dice el informe- cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.

El informe de Sanidad termina con una lista de recomendaciones para mejorar el acceso a esta prestación para todas las españolas que lo demanden. En primer lugar, reclama la implantación y actualización urgente de los registros de sanitarios objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.

En segundo lugar, pide normalizar el aborto voluntario como una prestación más del sistema nacional de salud, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca en tercer lugar la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

Finalmente, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.

El balance oficial indica que en 2024 se realizaron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo -lo que supone una cifra muy similar a la de 2023 en relación a las residentes de 15 a 44 años- y que el mayor incremento se dio entre los 30 y 39 años, pero que también hubo un alza notable entre las menores de 20 años, que ya representan algo más de uno de cada diez abortos. Un 95% de las interrupciones fueron por decisión libre de la mujer y el 77% se realizó antes de las primeras ocho semanas de embarazo, lo que apunta a facilidad de acceso.