La Fiscalía tiene abiertas unas 200 investigaciones en residencias del Estado, una en Vitoria

La Fiscalía tiene abiertas más de 200 investigaciones penales en toda España por la muerte de internos de residencias de ancianos a causa de la pandemia de la covid-19, una de ellas en Euskadi, en concreto en Vitoria.

La Fiscalía alavesa ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte de un interno de la residencia Caser Alto del Prado, en Vitoria, a causa del coronavirus, la primera de este tipo que se incoa en Euskadi.

Fuentes de la Fiscalía alavesa han confirmado este jueves la apertura de esa investigación en una semana en la que la que con datos actualizados a 29 de junio se han incoado cuatro nuevas diligencias en el conjunto de España entre las que no figuran la abierta en Euskadi al ser posterior a esa fecha.

Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que ayer pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la provincia una queja por escrito de tres trabajadores sociales que llegó ese mismo día al Instituto Foral de Bienestar Social sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de este anciano ingresado en la residencia de gestión privada Caser Alto del Prado, que también atiende a personas dependientes y con necesidades intensivas de cuidado derivadas de Osakidetza y la Diputación alavesa.

Al parecer esos mismos trabajadores interpusieron la denuncia en la Fiscalía de la provincia por supuesta tardanza en el traslado de este anciano con coronavirus a un centro hospitalario.

En Álava un total de 140 usuarios de residencias de mayores han muerto desde el inicio de la pandemia: 68 en el hospital y los restantes 72 en su centro residencial. Del total de fallecidos, 73 vivían en centros privados, 65 en residencias forales y los 2 restantes en viviendas comunitarias de municipios de menos de 20.000 habitantes.

En la actualidad se mantienen abiertas unas 209 diligencias en toda España, la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid (107) seguida de Cataluña (31), Castilla-La Mancha (22), Castilla y León (20), Galicia (12), Extremadura (6), Andalucía (3), Aragón y La Rioja (2) y una en Asturias, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Regiones como Cantabria, Murcia y Navarra no tienen investigaciones en curso.

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares y asociaciones.

Más allá de las diligencias penales, la Fiscalía General del Estado también ha impulsado alrededor de 227 investigaciones de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores distribuidos por el país.

Al respecto, se han abierto tres nuevas diligencias de índole civil en Valencia, Galicia y Castilla y León, mientras que se han archivado cuatro: dos en Cataluña, una en Aragón y otra en Castilla y León.