Los juzgados vascos acumulan retrasos con una sobrecarga de 18.000 casos más al año

Según recoge la última memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el año pasado ingresaron en los juzgados de los tres territorios vascos 232.496 asuntos nuevos, 10.911 más que en 2021, y 17.772 más que el año anterior a la pandemia, que paralizó durante meses la actividad de los juzgados. Esa cantidad de procedimientos se sumó a los que a 1 de enero aún estaban en tramitación, un total de 103.532. A final de año se resolvieron 225.334, lo que arrojó una tasa de congestión de 1,49, superior a la de 2019 (1,42). Cabe señalar que aunque el volumen de trabajo en Euskadi es notable, la tasa media de congestión en el resto del Estado es mayor (1,52).

Esto está provocando inevitablemente un retraso en la tramitación de los procedimientos, así como en el señalamiento de juicios, con un tiempo medio de espera en primera instancia de casi medio año (5,8 meses). En segunda instancia (apelaciones), la espera media es de 4,4 meses.

En este caso procede observar la situación por jurisdicciones, ya que no todas tienen el mismo volumen de trabajo. La que más asuntos recibe es la penal, 103.020 asuntos el año pasado, 10.458 asuntos más que en 2021. De hecho, es la única que tiene unos tiempos de espera más altos que la media estatal, con 4,2 meses. Por tipo de procedimiento, los abreviados, (aquellos por delitos que están castigados con penas inferiores a nueve años de prisión, y que son la gran mayoría), el tiempo medio de espera es de 8,3 meses.

En las secciones penales de las Audiencias Provinciales vascas los procedimientos abreviados tardan 8,6 meses, los sumarios (los casos castigados con 9 años o más) suben a 9,3 meses, y los juicios con jurado 10,8 meses. Eso, desde que entran en el órgano encargado de juzgar el caso, a lo que hay que sumarle el tiempo de la fase de instrucción. En los casos con jurado es habitual que se demoren años tras la comisión del delito. Un ejemplo es el juicio por la muerte del joven Santi Coca, ocurrida en 2019, y que está previsto que se celebre el próximo mes de noviembre. Del mismo modo, el juicio por la muerte de Asier Niebla, en 2018, se celebró en 2021.

Para sacar todo el volumen de asuntos que entran en los juzagos hacen falta jueces que los tramiten, pero el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, alertó de que la escasez de estos profesionales es el «talón de Aquiles del sistema de Justicia en Euskadi». Actualmente hay 227 jueces y magistrados en activo, el 61% mujeres, lo que arroja una tasa de 10,3 por cada 100.000 habitantes, inferior a otros países de la Unión Europea donde esa cifra llega a 17. Una debilidad compartida con España, donde esa tasa sigue siendo una de los más bajas de la UE.

Una situación que se agravará en los próximos años, como ocurre en otras áreas como la Salud, por el incremento de las jubilaciones. Los datos están ahí. La mitad de la plantilla de jueces que trabaja en Euskadi tiene 50 años o más (115 de 227), y dos de cada diez ya superan los 61. La edad media de la plantilla es 50,9, pero en algunos órganos judiciales como las Audiencias Provinciales supera los 60.

Hay casos complejos pueden sufrir graves retrasos. Un ejemplo es el famoso procedimiento contra el exdirector de Hacienda de Gipuzkoa Víctor Bravo, condenado a 7 años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública por el caso Glass Costa Este Salou. El fallo está recurrido en la Audiencia de Gipuzkoa desde 2020, aún sin resolver. Fuentes judiciales consultadas señalan que «la complejidad del caso y la acumulación de trabajo» son las causantes de dicha demora, si bien esperan que «pronto» haya una resolución. Una demora que podría suponer una atenuante de dilaciones indebidas, que podría afectar a las penas impuestas. Las mismas fuentes señalan que es algo «que habría que estudiar».

La atenuante de dilaciones indebidas se aplica cuando un caso se prolonga en el tiempo por causas ajenas al acusado. Se aplicó, por ejemplo, en el juicio en el que fueron condenadas seis personas por compartir un vídeo de una pareja manteniendo sexo en la plaza de Gipuzkoa de San Sebastián. En ese caso el retraso se produjo durante la instrucción. El vídeo fue grabado el 30 de julio de 2016 y su autor nunca fue localizado. En cuestión de horas se viralizó de forma masiva, acompañado de una fotografía de la mujer que aparecía en las imágenes, que fue quien interpuso la denuncia. El juicio se celebró en 2022, seis años después, y tras una conformidad en la que se aplicó la atenuante se les condenó a seis meses de prisión y 12.000 euros de indemnización.