Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Según las previsiones que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2030 sufrirán obesidad o sobrepeso 3.000 millones de adultos en el mundo, casi el doble que veinte años antes. Es por ello que la nueva ley aprobada en Italia abre un camino que puede ayudar a afrontar este problema con una perspectiva diferente también en otras naciones.

El gran problema de esta normativa es que no cuenta, de momento, con una financiación suficiente para desarrollarse tal y como estaba planteado en los borradores del proyecto de ley. En un primer momento se esperaba que la obesidad fuera incluida dentro de los llamados Niveles de Asistencia Esenciales, lo que obliga a las autoridades médicas, en este caso de las regiones, que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, a ofrecer visitas médicas, análisis, pruebas y tratamientos gratuitos o a un precio muy reducido para las personas que sufren determinadas enfermedades. En caso de que la obesidad hubiera sido incluida en la lista, la sanidad pública habría tenido que ofrecer a quienes la padecen la posibilidad de acceder a los nuevos medicamentos como el Ozempic y similares, que facilitan un adelgazamiento muy significativo.

En la tramitación parlamentaria, no obstante, pesó más el enorme impacto económico que hubiera supuesto en el sistema de sanidad público ofrecer estos tratamientos, por lo que la obesidad se quedó fuera de los Niveles de Asistencia Esenciales. Y eso que los impulsores de la ley consideraban que, a medio y largo plazo, lograr que las personas obesas dejaran de serlo supondría un significativo ahorro, reduciendo así los 13.000 millones de euros de gastos sanitarios anuales que suponen los problemas de salud de estas personas en Italia.

Más allá de la cuestión de la financiación, la valoración de los expertos sobre la normativa es positiva. «Tiene una importancia fundamental. El primer mensaje que pasa con esta ley es que se abate el estigma que a veces acompaña la obesidad, porque se considera que una persona que sufre de esta patología no es la única responsable ni culpable de su condición», señaló Iris Zani, presidenta de la asociación Amici Obesi (Amigos Obesos) y de la Federación italiana de Asociaciones sobre la Obesidad. A su juicio, uno de los aspectos fundamentales de la ley es que «pone el acento sobre la prevención», dando así inicio a toda una serie de medidas «que hasta ahora nunca se habían desarrollado».

Entre ellas destaca el lanzamiento del Programa Nacional para la Prevención y el Cuidado de la Obesidad, que incluirá la promoción de la lactancia materna y de la práctica deportiva, así como la enseñanza de las principales reglas de alimentación en las escuelas y universidades. También se pretende actualizar la formación sobre cómo afrontar esta dolencia entre los médicos de cabecera, los pediatras y todo el personal del sistema de salud pública. Este programa será financiado con 700.000 euros en 2025, 800.000 el año próximo y 1,2 millones anuales a partir de 2027.

Esas cifras, obviamente, resultan insuficientes para costear los nuevos tratamientos que están cambiando la vida a muchas personas en todo el mundo. «No están financiados por la sanidad pública en Italia por el momento ni tampoco lo prevé la ley. Habiendo un número tan elevado de personas obesas, ofrecerles a todos esas medicinas llevaría al colapso el sistema sanitario nacional», advirtió Zani.

No haber dotado a la nueva ley de recursos económicos suficientes es el argumento que llevó a la oposición de izquierdas a abstenerse en la votación parlamentaria de la normativa. El texto, en cualquier caso, salió adelante gracias a que la coalición conservadora que sostiene al Gobierno liderado por Giorgia Meloni cuenta con mayoría tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado.

Pese a las estrecheces económicas, el diputado del partido Forza Italia Roberto Pella, principal impulsor de la disposición sobre la obesidad, espera que suponga un primer paso para cambiar la forma de afrontar esta dolencia y que tenga también repercusión entre los Veintisiete. «Al haber sido uno de los países fundadores de la Unión Europea y ser ahora la primera nación del mundo en aprobar una ley que reconoce la obesidad como enfermedad, Italia puede plantear con fuerza y determinación este tema a nivel europeo», manifestó Pella.

La escasa financiación es un problema que sufre desde hace décadas la sanidad pública en el país, a pesar de que existe el copago e incluso toca asumir el coste de las prestaciones cuando las autoridades médicas consideran que se hace un uso erróneo, por ejemplo, del servicio de urgencias. La insuficiente inyección de dinero desde los Presupuestos está provocando una «lenta agonía» del servicio sanitario público, cuya financiación ha perdido más de 13.000 millones de euros en los últimos tres años, según denunció un reciente informe de la Fundación Gimbe, que estudia su evolución.

De manera simultánea aumenta el gasto de las familias en prestaciones con la sanidad privada y también la cifra de ciudadanos que renuncian a las visitas o los tratamientos porque tienen que esperar demasiado en el sistema público y no tienen dinero suficiente para acudir al de pago. «Pese a las promesas de los gobiernos, ninguno ha tenido hasta ahora la visión y determinación necesarias para relanzar el sistema sanitario con recursos adecuados y reformas estructurales», lamentó Nino Cartabellotta, presidente de la Fundación Gimbe. «Las consecuencias son el aumento de las desigualdades, con familias asfixiadas con gastos insostenibles, ciudadanos obligados a renunciar a las prestaciones médicas y personal desmotivado que deja la sanidad pública. Es la lenta agonía de un bien común que corre el peligro de transformarse en un privilegio para unos pocos».

Esa tendencia parecía que iba a invertirse tras la pandemia del coronavirus, cuando se prometieron inversiones millonarias en la sanidad para, entre otros objetivos, relanzar los ambulatorios y rebajar así la presión sobre los hospitales. Había previsto gastar 2.000 millones de euros para abrir cerca de 1.300 centros de salud antes de mediados de 2026, pero cuando faltan poco más de ocho meses para la fecha prevista, sólo un 4% de los ambulatorios planeados están plenamente operativos.

En muchas de esas instalaciones ni siquiera han comenzado las obras, mientras que en otras falta personal. Aunque Italia cuenta con un elevado número de médicos (7,04 por cada 1.000 habitantes, la segunda cifra más alta de la UE, frente a los 5,89 de España), alrededor de una tercera parte de ellos trabaja en el sector privado o están ya jubilados y sólo pueden prestar algunos servicios.

La falta de enfermeros es otro problema persistente desde hace décadas y contribuye a que aumenten los cuellos de botella en la asistencia sanitaria.