Euskadi anula 14.740 multas del primer estado de alarma y no devolverá las abonadas

El fallo zanjó que supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central, y dejó en el aire la tramitación de las denuncias pendientes de cobro, así como las medidas a adoptar con aquellas que ya se habían pagado. Tras el análisis de la sentencia por parte de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, se ha decidido archivar las sanciones que no eran firmes, aunque las que ya han sido cobradas no se devolverán. Un «agravio comparativo» por parte del TC para las personas que ya habían pagado la multa, asegura el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que cuando se conoció la sentencia ya advirtió que iba a traer «consecuencias importantísimas».

En total son 14.740 las sanciones que quedan anuladas (el 64%), según datos facilitados por el propio departamento. Son aquellas que estaban en trámite o recurridas aún por resolver. La resolución ya es oficial tras haberse publicado una orden firmada por Erkoreka en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Durante el primer estado de alarma la Ertzaintza y las policías locales vascas interpusieron 22.957 multas por incumplir la normativa interpuesta por el Gobierno español para contener la transmisión del Covid-19. A ese montante faltan por sumar las de las policías de Barakaldo, Bilbao y Vitoria, que tramitan sus expedientes por su cuenta, cerca de 10.000, de las cuales muchas también se archivarán.

De esas casi 23.000 multas, 5.256 fueron abonadas por pronto pago, y otras 2.961 también se han cobrado tras analizarse y ser resueltas como sanción firme. En total, 8.217 multas que ni se devolverán ni podrán ser recurridas. A juicio del consejero de Seguridad, el alto tribunal «perjudica, claramente y sin motivo justificado, quienes en Euskadi abonaron las multas nada más notificarse, cumpliendo así con sus obligaciones ante la administración con la máxima diligencia».

Aquellos que optaron por el pronto pago abonaron la mitad de la multa, 300 euros en la mayoría de casos, ya que las sanciones leves a la Ley de Seguridad Ciudadana, la que se aplica durante el estado de alarma, se castigan con 600 euros. Con las 8.217 multas que se han cobrado, el Gobierno Vasco ha recaudado un total de 3.353.400 euros. Sin embargo, dejará de ingresar más de 8 millones de euros de las denuncias que finalmente han sido anuladas.

Cuando se conoció la sentencia del Constitucional, el Gobierno Vasco dejó en suspenso las tramitaciones de las denuncias pendientes de cobro y el propio Erkoreka señaló que no se descartaba ninguna opción, «tampoco que haya que restituir las multas pagadas». Sin embargo, fuentes judiciales de toda solvencia consultadas por este periódico afirmaron entonces que el texto del alto tribunal no dejaba lugar a dudas, y daban por hecho que todas aquellas multas que ya se habían abonado no podrían ser recurridas, como ha sucedido.

A esa conclusión han llegado los analistas jurídicos del Gobierno Vasco, en base a un enunciado de la sentencia que dice así: «Deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad que en esta sentencia se declara, no sólo los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes, sino tampoco las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados». Según afirman desde el departamento de Seguridad, con esta frase «el TC no deja lugar a dudas al dictaminar que los expedientes sancionadores que ya son firmes tanto en vía administrativa como judicial, no son objeto de revisión».

Las citadas fuentes judiciales señalan asimismo que el TC viene a determinar que aquellas denuncias abonadas por pronto pago o tras ser ratificadas por la vía de lo Contencioso, previa reclamación, ya adquieren la condición de «cosa ejecutada». Y, por lo tanto, esos pagos ya no serían restituidos a los sancionados.

La resolución del alto tribunal ha supuesto un varapalo no solo para el Gobierno central, sino para los autonómicos, que como el vasco han visto cómo todo el ingente trabajo realizado durante meses para asumir la tramitación de esas miles de multas ha sido en balde. En Euskadi los expedientes sancionadores se multiplicaron por 40, por lo que incluso hubo que reforzar el departamento con personal y material tecnológico. No obstante, los ojos siguen puestos en el Constitucional, que está estudiando tumbar también el segundo estado de alarma, que se decretó entre octubre y mayo, bajo el pretexto de que no fue sometido a votación parlamentaria periódicamente. En ese caso, las multas por vulnerar el decreto (confinamientos perimetrales, toques de queda y limitación de reuniones sociales) interpuestas en ese periodo en Euskadi también podrían quedar suspendidas.