Educación defiende sus medidas frente a la segregación escolar en Ordizia aunque el Ararteko alega que «no son suficientes»

No obstante, la versión de la consejera contrasta con el tirón de orejas que sufrió el Departamento de Educación por parte del Ararteko el pasado 29 de septiembre. En un comunicado dirigido a la propia Pedrosa, el Defensor del Pueblo vasco se mostró tajante ante la «ineficacia» de las medidas propuestas por el Gobierno Vasco. «Pasados ya prácticamente seis años desde las primeras actuaciones, la situación sigue igual y siguen sin adoptarse medidas que pueden considerarse efectivas para solucionar un problema que, en vez de mejorar, parece enquistado».

Los datos ofrecidos por la consejera en el Parlamento Vasco difieren también de los que facilitó su propio departamento al Ararteko en junio, donde se mostraba que la escuela pública acoge al 81% del alumnado de Ordizia cuyas familias tienen origen extranjero. En dicha documentación se establece una comparación del peso del alumnado autóctono en Jakintza Ikastola, centro privado concertado, y el colegio público Urdaneta. En el primero de los casos los alumnos de origen local suponen el 86% del total, mientras que en el segundo el porcentaje desciende al 47%.

La conclusión del Ararteko fue clara. «En los dos centros de la localidad sigue existiendo un claro desequilibrio en la distribución del alumnado, de tal modo que el CEIP Urdaneta acoge mayoritariamente el alumnado de origen extranjero, mientras que el CPEIPS Jakintza ikastola está integrado mayoritariamente por alumnado autóctono».

En la información facilitada al Ararteko, Educación «no niega» la existencia de un desequilibrio muy importante en la distribución del alumnado «en situación de vulnerabilidad por razón de su origen» en los dos centros de Ordizia. Sin embargo, como puntualiza el Defensor del Pueblo, el departamento liderado por Begoña Pedrosa «justifica» esta situación basándose en que el CEIP Urdaneta tiene «una oferta más amplia de plazas y más recursos personales y organizativos» que Jakintza Ikastola para «dar acogida al alumnado con necesidades educativas especiales».

En este escrito de respuesta se explica que esa es la razón de que «el centro público acoja una proporción significativa del alumnado en situación de mayor desventaja socioeducativa», porque cuenta con «personal específico de refuerzo lingüístico para mejorar a un ritmo más avanzado el conocimiento del euskera».

En otra de las intervenciones del pleno celebrado ayer en el Parlamento Vasco, Ikoitz Arrese, parlamentario de EH Bildu, realizó una propuesta para lanzar un «plan piloto» en tres municipios con «gobiernos diferentes» para poner en marcha «medidas contra la segregación». En respuesta a esta recomendación, Pedrosa presentó la mesa de pacto social Eskola Bikaina Denontzat, inaugurada el mes pasado, como «punto de encuentro para abordar este conflicto». Aseguró que «toda la comunidad educativa» tiene que ser partícipe. «Familias, profesores, alumnos y demás agentes deben constituir este foro de debate».

En este sentido, la consejera enfatizó que «tenemos que ser capaces de identificar las realidades de cada municipio y zona para establecer medidas. Debemos responder de forma coherente y coordinada a las necesidades de las familias». Respecto a este último punto, Arrese recordó que varias familias que forman la comunidad educativa de Ordizia solicitaron una reunión con el Departamento de Educación que todavía no se ha producido. Pedrosa respondió abriendo la puerta a un futuro encuentro. «Tendrán noticias este mes».

En otra de sus intervenciones Jon Hernández, portavoz parlamentario de Sumar Euskadi, achacó a Educación que «van muy tarde en la lucha contra la segregación escolar, que precisamente significa contravenir el modelo educativo que impulsan en Euskadi». Subrayó que «no han arreglado nada en Ordizia». Pedrosa, por su parte, afirmó que «si en algún sitio ha cambiado la foto es en Ordizia, estamos tratando su caso con mucho cuidado». También incidió en que es el «tercer curso» de trabajo con la comunidad educativa, pero advirtió de que «esta situación no se soluciona en tres años».