Celaá tranquiliza a la red concertada ante una «controversia artificial»

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha mandado este viernes un mensaje de «tranquilidad» al sector de la red concertada y a los padres que optan por estos centros para sus hijos, y ha calificado de «controversia artificial» la reacción a sus declaraciones en las que aseguraba que elegir centro no emanaba de la Constitución. La ministra ha contestado así a la polémica suscitada tras su intervención este jueves en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, y ha enfatizado que «el sector puede estar tranquilo» en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

«No existe ningún plan para revisión de nada y el sector puede estar tranquilo porque llevamos gestionándolo 30 años y no hay ninguna razón para esta controversia exagerada». Además, ha recordado que la red concertada nació en los ochenta bajo el Gobierno de Felipe González.

En esa misma línea, ha insistido en que los padres tienen libertad de elegir un centro educativo,dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza». Una manera de suavizar sus declaraciones de este jueves en las que apuntaba que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981».

Esas declaraciones, que ahora ha matizado, han provocado que el PP haya anunciado una «ofensiva parlamentaria» en defensa de la libertad educativa tras considerar que la ministra «atacó directamente a la educación concertada».

Asimismo, desde Escuelas Católicas, se ha rebatido a la ministra recordándole en un comunicado que el Tribunal Constitucional (TC) remarca «la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral».

También ha recibido una contestación desde la Conferencia Episcopal española, donde su secretario general, Luis Argüello, ha dicho que la Constitución «reconoce claramente» la libertad de enseñanza y que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.