Un consejo interreligioso garantizará la libertad de culto en Euskadi

Artolazabal ha acudido esta mañana a la Cámara vasca para dar a conocer el Anteproyecto de Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa de la comunidad autónoma, una iniciativa legal que arrancó en la pasada legislatura y se vio paralizada por la convocatoria en julio de las elecciones autonómicas. La intervención de la consejera ha girado en torno fundamentalmente a dos puntos. La ley, según ha dicho, intentará cubrir el doble objetivo de garantizar la libertad religiosa y que los municipios reserven espacio para que puedan levantarse equipamientos de todo tipo de credos.

Asegurarlo obligará a las instituciones municipales a adaptar su normativa urbanística y planes de ordenación urbana (PGOU) a la «nueva realidad sociorreligiosa» que ha propiciado el fenómeno de la inmigración. Un estudio realizado por el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto estima que dos tercios de la población vasca se considera católica, lo que representaría 1,5 millones de ciudadanos. La segunda confesión más extendida, especialmente en Álava y a distancia ya del cristianismo, es la musulmana, que suma unos 90.000 fieles. Los ortodoxos conforman una comunidad de 19.000 creyentes, la Iglesia Evangélica tiene otros 3.000 y la budista unos 1.600. «Esta ley es una inversión en convivencia», ha destacado la consejera.

La legislación tiene como novedad la creación de un nuevo órgano de encuentro, el Consejo Interreligioso de Euskadi, cuyas funciones serán definidas con posterioridad en un decreto ley que Artolazabal se ha comprometido a presentar en la Cámara e introducir en él las reformas que se consideren necesarias. Aunque aún se desconoce qué instituciones y personas integrarán este órgano, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ya ha mantenido conversaciones con la Diócesis de Bilbao en representación de la Iglesia vasca y el Consejo Islámico Vasco, entre otras confesiones, además de la fundación Ignacio Ellacuria y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, que han dado su conformidad al proyecto.

Los representantes de PNV y PSE-EE en la comisión parlamentaria, Jon Andoni Atutxa y Miren Gallastegui, respectivamente, han defendido el proyecto institucional por la necesidad de dar cobertura jurídica a la nueva realidad social surgida en Euskadi como consecuencia de la inmigración recibida en las últimas décadas. En términos similares se han expresado Lore Martínez y Carmelo Barrio (PP), a la espera de que , según han dicho, pueda concretarse tanto el contenido de la ley como del decreto que regulará el Consejo Interreligioso.

La representante de Vox, Amaia Martínez, ha expresado su preocupación por el mantenimiento de las tradiciones religiosas existentes, «como la procesión viviente de Balmaseda» y si la nueva legislación obligará a los actuales templos a realizar reformas para adaptarse a la norma. «Discúlpeme, pero no voy a entrar en debates estériles», le ha contestado la consejera. «No se trata de fomentar una religión sobre otra ni de ir en detrimento de ninguna, sino de que todos los ciudadanos vascos puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad», le ha contestado.