El Ararteko solicita a Osakidetza la implementación de un Plan de Sanidad Penitenciaria

El Ararteko ha solicitado al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, la implementación de un Plan de Sanidad Penitenciaria con el fin de "atender de una manera homogenea y equivalente a las personas presas" en los distintos centros penitenciarios del País Vasco. Esta es una de las principales conclusiones y recomendaciones que se desprende del informe extraordinario sobre "La Situación de la Atención Sociosanitaria de la Salud Mental de las Personas Privadas de Libertad en la CAPV" que ha entregado esta mañana el Ararteko a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería.

El informe pone de manifiesto la necesidad de una disponibilidad de medios y una mayor coordinación para tratar a los presos con problemas de salud mental que se encuentran en los centros penitenciarios de Araba (Zaballa), Bizkaia (Basauri) y Gipuzkoa (Martutene). El Defesor del Pueblo vasco advierte en las conclusiones del informe varios déficits que dificultan el correcto tratamiento de los presos con problemas de salud en los centros penitenciarios vascos. Entre ellos, se encuentran las diferencias de criterios de atención, la ausencia de protocolos de coordinación, las diferencias de dotaciones de equipos entre los centros o la necesidad por parte de los profesionales de conocer en mayor medida los recursos sanitarios de Osakidetza para personas con transtornos mentales.

Más de 600 en Euskadi

"Según los estudios de los que disponemos -señala el Ararteko- casi la mitad (40-45%) de la población reclusa de España padece algún trastorno mental. Si aplicamos este porcentaje a las personas que se encuentran en las cárceles de Euskadi -1.430 a finales de 2013-, podemos concluir que en torno a 600 personas tienen algún trastorno mental, de las cuales 100 se encontrarían afectadas por trastornos mentales de carácter grave".

Por ello, el Ararteko entiende que sería deseable que se llevase a cabo la asunción por parte del Gobierno Vasco de las competencias penitenciarias, cumpliendo de este modo la prescripción estatutaria, y que en ese marco futuro se promueva el diseño y la gestión de un modelo penitenciario propio que lleve a cabo una intervención adecuada y eficaz de la población reclusa en relación con su salud mental, con el doble fin de atender debidamente el derecho a la salud de los internos, así como de vincular el cumplimiento de la pena con el objetivo de la reinserción social.

Según señala la nota que acompaña al informe del Defensor del Pueblo Vasco, la filosofía que anima esta transferencia es la integración de la sanidad penitenciaria en la comunitaria, de manera que las personas presas disfruten -sin otras limitaciones que las derivadas de su condena- de los estándares de calidad que ofrece el sistema vasco de salud.