Urbanismo deniega la apertura de doce pisos turísticos tras suspender licencias

En respuesta a preguntas de EH Bildu, la delegada del PNV detalló que desde la entrada en vigor en 2024 de la suspensión de licencias se han recibido una docena de comunicaciones previas de actividad para destinar viviendas particulares al alquiler para estancias cortas. «Todas ellas», subrayó, han sido denegadas.

Arzallus señaló asimismo que «habrá que revisar» el sistema municipal de admisión de solicitudes de nuevas licencias de apartamentos turísticos para que no figuren como «en tramitación», como ocurre ahora, lo que puede llevar a engaño ya que ni siquiera se inician los expedientes al no tener encaje legal dentro de la moratoria.

Hay que recordar que el pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró «contraria a derecho» esta suspensión de licencias, aún en vigor. La sentencia daba la razón a la mercantil Mugaburu SL al entender que es ilegal haber aprobado una medida de este tipo sin haber pasado cinco años de otra similar sobre el mismo ámbito material.

La resolución anulaba la moratoria, pero no va a tener efectos prácticos. El consistorio ha recurrido el fallo en casación, lo que impedirá que la sentencia sea firme, y próximamente prevé aprobar de forma definitiva en el Pleno la nueva normativa, que impedirá nuevos alojamientos en parcelas residenciales de la ciudad y hará innecesaria la suspensión de licencias como tal.

Aunque Arzallus aprovechó su intervención para hablar del número de licencias no concedidas en virtud de la moratoria, las preguntas de EH Bildu en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio se referían más concretamente a las viviendas de uso turístico ilegales. El edil abertzale Ricardo Burutaran expuso que «a nivel estatal se había impuesto un bloqueo a Airbnb de más de 65.000 anuncios ilegales» y quiso saber si el Ayuntamiento ha contactado con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer cuántos de estos casos se han registrado en Donostia.

La responsable de Planificación Urbanística y Vivienda comunicó que este verano se ha detectado «un local que funcionaba como alojamiento clandestino y se ha ordenado su clausura con el expediente correspondiente». La cifra no contentó a Burutaran, al que llamó la atención que «solo» se haya descubierto un caso cuando, «desgraciadamente, sabemos que serán más». Arzallus puntualizó que «el verano acaba de empezar» y reveló que «en los últimos meses no se ha recibido ninguna denuncia vecinal. Y los vecinos son los primeros en denunciar cuando hay una ilegalidad de este tipo en su edificio».