El PP califica la sentencia de «demoledora» y exige la dimisión de la cúpula de EKP
La parlamentaria vasca Ana Morales acusa al PNV de «amañar» el reparto de amarres en el Muelle de Donostia
La parlamentaria vasca del Partido Popular Ana Morales se ha referido este jueves a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ... que estiman dos recursos contra la adjudicación de plazas de amarre en el puerto de San Sebastián, un fallo que califica de «demoledor» porque «abre la puerta a la nulidad de todo el procedimiento». Para Morales «queda en evidencia que el Gobierno Vasco ha convertido la adjudicación de plazas de amarre de los puertos deportivos vascos en un auténtico caos y laberinto jurídico».
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A la luz de la sentencia, adelantada este jueves por DV, la parlamentaria popular considera que «el Gobierno Vasco amañó la adjudicación de amarres». Así, ha pedido el «cese inmediato de la cúpula de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), liderada por su directora, Edurne Egaña, que es un alto cargo del PNV guipuzcoano». Para Morales, «los dirigentes de esta sociedad pública no pueden continuar ni un minuto más. Ya era inaudito que se mantuviera a Egaña, pero este nuevo revés judicial para EKP es un antes y un después».
El PP vasco asegura que «no se pueden consentir irregularidades tan descaradas como que desaparezcan solicitantes de plazas de amarre mientras otros aparecen varias veces o modificar las condiciones del procedimiento cuando ya ha empezado».
Morales advierte de que el Gobierno Vasco «tiene que asumir responsabilidades políticas por las irregularidades y los amaños en un procedimiento que está causando graves daños tanto en los puertos deportivos vascos, que están bloqueados, como en la propia sociedad pública EKP, que está dejando de ingresar importantes cuantías económicas al tener vacías numerosas plazas de amarre, y también en los usuarios de los puertos, que sufren la arbitrariedad y las prácticas mafiosas de la dirección de EKP».
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En este sentido, la parlamentaria popular ha vuelto a exigir que se permita usar los servicios a los usuarios del Muelle de Donostia, «una medida de presión que fue impuesta por EKP» tras la presentación de varios recursos contra el procedimiento de adjudicación de amarres.
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