Kantina Kaia pide posponer el cierre del bar hasta el fallo judicial sobre la licencia

Según el documento, al que ha tenido acceso DV, los responsables del negocio argumentan que «debe esperarse a que la Justicia resuelva» sobre la licencia porque «ningún perjuicio se ocasiona con ello». También advierten de que han pedido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de San Sebastián la «suspensión cautelar» de la declaración de ineficacia de la comunicación previa, trámite con el que pasaron de heladería a bar –pese a estar ubicado el local en zona saturada– en virtud de un criterio aplicado en Urbanismo desde 2008 y que la nueva secretaria general del Ayuntamiento ha declarado equivocado.

Este cambio de criterio es precisamente a lo que se agarra la Kantina Kaia para evitar, o al menos retrasar, el cierre del establecimiento. «La situación es totalmente excepcional», subraya el abogado José Manuel Tamargo, quien representa al bar del Muelle. «No estamos ante una actividad clandestina frente a la que se deba actuar en defensa de los intereses generales, sino ante una situación muy discutible, hasta el punto de que el propio consistorio ha entendido durante más de quince años justo lo contrario de lo que ahora pretende imponer».

El cambio de criterio aplicado a finales de 2024 refiere la necesidad de cumplir la legalidad vigente en el momento de solicitar una licencia urbanística –en este caso, la ordenanza de distancias entre establecimientos hosteleros– aunque se venga desarrollando una actividad desde mucho antes, como hacía Kantina Kaia –entonces bar Ostertz– sirviendo bebidas alcohólicas desde 1989 pese a tener licencia de categoría 1 y no 2.

Cuando en 2020 los nuevos propietarios pretendieron regularizar su situación obtuvieron el visto bueno de Urbanismo en aplicación del antiguo criterio, por lo que Tamargo considera que «lo menos que debe hacer el Ayuntamiento es esperar a que el juzgado resuelva antes de adoptar medidas tan drásticas, desproporcionadas y carentes de justificación como la clausura». El letrado recuerda que el artículo 98 de la ley 10/2021 permite conceder un plazo de seis meses para la corrección de incumplimientos o deficiencias de la actividad». Por todo ello, dice no entender el «ahínco» del consistorio en «imponer una situación derivada de su cambio de interpretación y de muy dudosa legalidad con tanta premura». En su argumentario de alegación, apunta que «no debe olvidarse la responsabilidad patrimonial en la que puede incurrir el Ayuntamiento por pretender imponer a ultranza y sin necesidad alguna una decisión que puede esperar a su aplicación, sin detrimento del interés público, hasta que sea fiscalizada por el juzgado».