San Sebastián

Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia

Once personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas un niño y una embarazada, han sido desahuciadas esta mañana de la vivienda en la que estaban subarrendadas en el barrio donostiarra de Egia. Denuncian haber sido víctimas de una «estafa» ya que, según asegura la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, ellos pagaban en mano 600 euros por habitación al arrendador y era este quien no pagaba la renta al dueño.

Según ha informado la plataforma, el juzgado número 2 de Donostia ha ordenado proceder este miércoles al desahucio del demandado, que no es ninguno de estos once inquilinos, quienes, según se indica en la nota, pagaban en mano el alquiler al no tener contrato. Además, la mayoría de ellos no estaban empadronados en la vivienda. La ejecución llega a instancias de la demanda presentada por Aldapa Berri SL, sociedad propietaria de la vivienda situada en la calle Aldapa 22, contra su inquilino.

En el comunicado, Stop Desahucios indica que hace mes y medio una inquilina de esta vivienda con una hija menor a su cargo se puso en contacto con la plataforma y relató la situación. Desde Stop Desahucios explican que trasladaron a estar mujer que por ser los ocupantes de la finca tenían derecho a personarse en la demanda de desahucio y además, «al estar la mayoría en situación de vulnerabilidad, se podían acoger al Real Decreto Legislativo 1/2025 que regula la suspensión de los desahuios de inquilino en situación de vulnerabilidad, hasta el 31 de diciembre».

Sin embargo, esta mujer no siguió en contacto con la plataforma, lamentan desde Stop Desahucios, hasta que hoy «nos ha vuelto a llamar para informanos del lanzamiento». El colectivo asegura que «sin el aviso reglamentario, han sido desalojados con presencia de la Ertzaintza de sus habitaciones, con los enseres en la calle y sin salida habitacional».

Desde Stop Desahucios denuncian que «esta estafa, que ha culminado en el desahucio, es una situación que desgraciadamente está proliferando en nuestra sociedad. Muchos arrendadores particulares y grandes tenedores están optando por el alquiler de habitaciones, con contrato o sin él, a precios desorbitados y por periodos de uno o dos años, fomentando el dinero en negro, la no realización de contratos ni empadronamientos».

Precisamente, la pasada semana Cáritas Gipuzkoa denunció en su informe anual que una de cada cuatro familias atendidas por la oenegé vive en habitaciones subarrendadas. En este sentido, Stop Desahucios ha censurado que «a las personas más vulnerables no se les da más alternativa que acogerse a este tipo de viviendas». Un situación que achacan a que «la proliferación de contratos temporales por uno o dos años de habitaciones es debida a que no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos ni por la Ley de Vivienda». Por eso, consideran «vital» que las instituciones implicadas «de una vez por todas establezcan su regulación».

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