El Ayuntamiento de Donostia solicita plazos más largos y menos canon en la nueva concesión de La Perla

En el escrito de alegaciones que presentará este miércoles la entidad municipal se pide modificar el plazo para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre a veinte años con una prórroga de diez. La propuesta de concesión emitida por la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral es de quince años y tres prórrogas de cinco años.

Aunque la duración total de la autorización sería en ambos casos de treinta años, desde el consistorio entienden que la fórmula alternativa planteada –con un plazo inicial más largo y una única prórroga– cumpliría el objetivo de «facilitar y dar viabilidad a la ocupación» de los diferentes espacios que conforman el edificio.

Según explica la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, el plazo inicial de quince años previsto «puede resultar escaso en el supuesto de que se pretendan acometer cuantiosas inversiones en los inmuebles, que precisan de un mayor número de años para ser amortizadas, haciéndolo poco atractivo para los posibles explotadores».

Respecto a los sucesivos periodos de prórroga de cinco años, la portavoz del PSE considera que «se antojan muy cortos en el caso de que se debiera volver a licitar la explotación para cada uno de esos plazos».

Con un reparto de los plazos de veinte años fijos más diez de prórroga, «no se excedería la duración máxima posible propuesta por el Gobierno Vasco y, sin embargo, así distribuida resultaría más operativa y atractiva desde el punto de vista de su explotación en cuanto que posibilitaría la inversión en el edificio», argumenta Oyarbide.

La Sociedad Balneario también reclama en sus alegaciones una rebaja en el canon anual de 586.000 euros que se abonará por la nueva concesión, una cantidad fijada por la Dirección General de Costas, organismo dependiente del Gobierno central.

Beneficios potenciales

Tras analizar ayer esta propuesta el consejo de administración de la sociedad municipal, se advierte de los «inadecuados criterios empleados para determinar el canon». Según detalla la delegada socialista, «el cálculo de los beneficios potenciales del complejo debe modificarse, lo que reduciría de manera sustancial el canon resultante». Y advierte de que ya existe una sentencia que sirve de base a esta reclamación.

La nueva concesión del Gobierno Vasco –administración ahora competente en la materia– autoriza en el complejo La Perla los usos actuales del complejo, incluidos los de hostelería y ocio nocturno. El edificio ocupa 4.119 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre frente a la bahía, que en la concesión original de 1908 se destinaron a diferentes usos: balneario, realización de ejercicios físicos, restauración, sala de baile y acontecimientos sociales, que podrán mantenerse hasta 2055.

En el acuerdo, que ya ha sido aprobado por la Sociedad Balneario, se han incluido por primera vez medidas para hacer frente a los impactos derivados del cambio climático. Con estas previsiones, se busca «mantener la funcionalidad y seguridad de las instalaciones a medio y largo plazo, reduciendo la exposición y vulnerabilidad del edificio». En concreto, las medidas a adoptar tienen como objetivo reducir los daños de las inundaciones costeras y pluviales, la erosión costera o la exposición estructural indirecta, entre otros. Un reciente estudio concluye que los riesgos a los que se enfrenta La Perla en las próximas décadas son «asumibles y no comprometen la integridad del edificio».