La UCO busca el «botín» del 'caso Cerdán' en decenas de cuentas y su nexo en el extranjero

Después de conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos, un documento que analizó las cuentas del exministro socialista durante los últimos diez años, las conclusiones parecen muy alejadas por ahora de la tesis acusatoria que sostienen el instructor Leopoldo Puente y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ambos han forjado una suerte de alianza de hierro desde que se abrió hace 11 meses la causa especial en el alto tribunal –dada la condición de aforado del actual diputado del Grupo Mixto– para desenredar la madeja tejida sobre estos «premios económicos», en palabras del magistrado, que sigue a pies juntillas el criterio del fiscal jefe.

Así, los 95.000 euros hallados en una década a Ábalos sin registro bancario obedecen a los ingresos y gastos personales en metálico a su favor. Unas percepciones en la que habría tenido un papel principal su exasesor ministerial Koldo García, señalado como «gestor y custodio» de esta presunta 'caja b'. Pese a que el juez ha dado importancia al volumen del dinero movido sin registro durante 2014 y 2024, lo cierto es que en este análisis de los depósitos, productos financieros y/o salidas y entradas de fondos de más de 300 euros no existe ningún rastro de los cientos de miles de euros que habrían ido a parar a manos de Ábalos.

Ello pese a que la investigación judicial ubica al ex secretario de Organización del PSOE como perceptor de las 'mordidas' pagadas por las constructoras adjudicatarias y que de forma previa habrían pasado por Santos Cerdán, su sustituto como número tres del partido socialista. El exdiputado está en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por riesgo de reiteración delictiva, acusado de ser responsable de la presunta organización criminal.

También en el caso de Koldo García, receptor como su exjefe de estos pagos de Cerdán, según cree la UCO, el único informe que cifra la presencia de movimientos en metálico sin justificar se conoció días después de su detención, en febrero de 2024. Se trataría de unos 387.000 euros en el marco de una serie de inversiones inmobiliarias a su nombre o al de terceras personas en la provincia de Alicante, cuyo valor de las propiedades alcanzó los 1,5 millones en solo dos años.

Así las cosas, esta semana pasada el juez rechazó modificar las medidas cautelares que pesan sobre Ábalos y Koldo (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias judiciales) después de sus comparecencias. Fueron citados tras el último informe de la UCO y se acogieron a su derecho a no declarar. Pese a incrementarse el riesgo de fuga conforme se acerca su procesamiento por una de las dos causas que se instruye en el alto tribunal: la relativa a los contratos de las mascarillas y los supuestos beneficios económicos percibidos por Ábalos de manos del empresario Víctor de Aldama, ambos salieron en libertad pese a los cantos de sirena sobre su posible prisión.

En sus respectivos autos, el instructor viene a admitir que nada ha cambiado en estos meses sobre la situación de ambos. Tampoco se avanzó ningún hallazgo por parte de la UCO sobre el rastreo de las decenas de cuentas de las cuatro constructoras que están en el centro de la investigación de la pieza separada del procedimiento, referida al presunto pago de mordidas por la adjudicación de obra pública.

Sí mencionaron las resoluciones, por ejemplo, que Ábalos pudo mover «grandes cantidades de dinero opaco, tal vez en metálico» y Koldo tendría fondos ocultos y «vínculos» en el extranjero. Pero sin mayor detalle. Una forma de admitir que la búsqueda de las millonarias 'mordidas' que pudo gestionar Cerdán –los cinco millones estimados por el juez o los 650.000 euros que consideró la UCO en su informe de junio pero sin aval documental– no aparecen por ningún lado.

En este sentido, justo hoy se cumplen cuatro meses desde que el juez autorizó a los agentes del Departamento de Delincuencia Económica, la unidad dirigida desde 2020 por el teniente coronel Antonio Balas, rastrear 479 cuentas de 35 entidades bancarias, doce de ellas con sede en el extranjero, en busca del «botín».

Los investigadores analizan todos aquellos depósitos o productos financieros vinculados a las cuatro constructoras que habrían abonado estos «premios económicos» a cambio de la obtención de contratos. En el centro de las pesquisas están 11 proyectos licitados por el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos a través de dos organismos internos, Carreteras y ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria.

A lo largo de estos meses los agentes han ido recopilando cientos de documentos desde enero de 2014 (un año antes del origen de la trama en Navarra, según sostiene el juez) hasta la actualidad. Con especial atención al cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por más de 300 euros y su posible vinculación con terceros países bajo la lupa, como Perú, Colombia o República Dominicana.

Unas entregas que han sido negadas en sede judicial por los empresarios investigados Fernando Merino (exdelegado de Acciona en Navarra y País Vasco), los hermanos Antonio y Daniel Fernández (OPR), José Ruz (Levantina) y Antxon Alonso (Servinabar). Mientras tanto, los agentes siguen analizando cuentas y verificando datos con otros elementos incriminatorios, como las grabaciones intervenidas a Koldo García. Buscan las 'mordidas' que por ahora no aparecen, cuantificar el presunto cohecho que la defensa de Santos Cerdán niega.