Iñaki Subijana: «Hay que sustituir la lógica partidista en el Constitucional para evitar la imagen de bloques»

– ¿Qué sintió cuando en el pleno del Congreso en el que se debatía la reforma judicial escuchó acusaciones cruzadas de «golpistas» entre los diputados?

– Que el ámbito institucional está muy debilitado. El discurso partidista polarizado desde posiciones antagónicas ha ganado un protagonismo excesivo. Este conjunto de circunstancias tiene que llevarnos a un punto de parada, de reflexión y reconocer que por aquí no podemos seguir caminando. El debate es tan agresivo que lo único que hace es alimentar la peores pasiones.

– ¿Por qué se está generando esta agresividad?

– Un factor determinante es la no diferenciación entre el debate partidista y el institucional. Este último, que es el punto de encuentro entre los diferentes, queda difuminado por el primero y de ahí se deriva una polarización cada vez más creciente.

– ¿Esta agresividad se puede trasladar a la ciudadanía?

– El riesgo de que esa polarización prenda en la sociedad existe, pero a fecha de hoy no creo que se haya producido.

– ¿Existen mimbres para que se llegue a un gran pacto estatal para reconducir esta crispación?

– Las grandes crisis conducen a veces a las grandes soluciones. Si vemos los elementos existentes hoy sobre la mesa pensaríamos que es imposible reconducir el debate, pero ....

– ... pero la proximidad del abismo puede precipitar la solución...

– No digo que vaya a ser así, pero puede que sí.

– Hablando de crisis. ¿El Gobierno estuvo acertado en la manera urgente de presentar en el Congreso la reforma del Código Penal y adosar a ella las enmiendas para modificar la elección de los jueces del TC y del CGPJ?

– En términos de calidad del producto legislativo, no estuvo acertado. El Código Penal es la segunda ley más importante, después de la Constitución, de manera que requiere un componente de reflexión muy importante si se quiere abordar su reforma.

– ¿La iniciativa del Gobierno adolece de esta reflexión?

– Se han dado una suma de factores cuyo resultado será seguramente un producto legislativo de baja calidad. Ya en el punto de arranque se ha pasado de un proyecto de ley a una proposición de ley, con lo que conlleva de pérdida de informes previos. Además, se ha utilizado la vía de urgencia, reduciéndose los plazos de debate parlamentario, a lo que hay que añadir que se ha aprovechado para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el Código Penal. La reforma viene contextualizada por una necesidad de responder a situaciones muy concretas, un elemento coyuntural que también provoca una debilidad en la normativa.

– ¿Se refiere a la rebaja de penas para los líderes del procés?

– Lógicamente. Se ha hecho deprisa y corriendo para favorecer determinados objetivos, lo que contamina el proceso.

– ¿Al final, en este entuerto quién tiene mas responsabilidad, el Gobierno por intentar colar la renovación del TC y del CGPJ vía exprés y mediante enmiendas o el PP por utilizar para impedirlo a un TC con mayoría conservadora porque su renovación lleva paralizada desde junio?

– Hay un corresponsabilidad, unos por usar una técnica legislativa altamente discutible en términos de constitucionalidad y otros por acudir a un recurso extraordinario.

– ¿El TC hizo bien en impedir que las enmiendas se votaran en el Senado, pese a que la Cámara pidiera expresamente que le diera vía libre?

– Es una actuación excepcional porque altera el normal funcionamiento del Senado. Además, lo hace a través de un control preventivo mediante un instrumento cautelarísimo. Sin embargo, el modelo Constitucional establece el control una vez finalizado el proceso legislativo y tras publicarse la norma. Es en ese momento cuando se puede recurrir la constitucionalidad, en este caso, de las dos enmiendas.

– Excepcional sí, pero ¿la actuación fue correcta?

– El tribunal se dividió seis a cinco, lo que indica que el debate es complejo.

– ¿Que el Senado reclame expresamente que el TC le deje votar y éste se lo niegue no refleja un durísimo choque entre poderes del Estado?

– Así es. Los intereses en juego son dos. Por un lado, el adecuado funcionamiento de la dinámica legislativa en el Congreso y el Senado. Por el otro, el respeto al derecho a la participación política de los parlamentarios que entienden que está restringida por el hecho de que se presentan dos enmiendas que no tienen que ver con el contenido de la proposición de ley.

– ¿Y qué pesa más?

– En ese juicio de ponderación debe intervenir la proporcionalidad, la mesura. ¿Qué es menos dañino, permitir el funcionamiento regular del Congreso y del Senado y luego, si se aprueba la norma, dejar abierta la puerta al recurso de constitucionalidad o, de repente, generar una dinámica de irregular funcionamiento del proceso legislativo limitando la votación? Ahí está la clave.

– ¿La intervención previa del TC impidiendo la votación no supone una injerencia al vaciar de contenido al Senado?

– Sí, se produce una evidente injerencia en la Cámara al no poder desarrollar el debate en su plenitud porque el TC deja al margen las dos enmiendas. Hay una limitación y una interferencia en la actividad normal del Senado. ¿Está justificada en términos de proporcionalidad? Es mayor el daño que se genera con la interferencia en el Senado que el beneficio desde la perspectiva de la participación política de los diputados recurrentes.

– ¿El hecho de que los candidatos del Gobierno al TC sean el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa Laura Díaz ahonda en la percepción de que la Justicia dista de ser independiente?

– Cuanto más respetuoso sea el perfil de los candidatos con la institución y, por tanto, cuanto más distantes estén de la imagen partidista, será mucho mejor.

– El TC y el CGPJ están divididos en dos bloques cuyos magistrados responden a las directrices de los partidos que los han propuesto.¿No resulta letal para la independencia de ambos órganos judiciales?

– Sí, porque pone de manifiesto que la lógica partidista ha fagocitado la lógica institucional. Por ejemplo, la elección de los vocales del CGPJ corresponde al Parlamento, pero está desaparecido, no hay un debate respecto a la renovación, sino que se residencia en el presidente del Gobierno y en el líder de la oposición.

– Por tanto, en la práctica el TC y el CGPJ están absolutamente contaminados por la política.

– Hay una pérdida de espacio de lo institucional a costa de una ganancia de lo partidista.

– ¿Cuál sería la fórmula para contar que predominen los magistrados independientes?

– Este país tiene juristas cualificadísimos y habría un consenso muy amplio para saber quiénes son y decidir que ellos ocupen esas posiciones. Para lograrlo hay que recuperar el espacio institucional con el fin que se elijan a los mejores magistrados para el TC.

– ¿Cuál sería el mecanismo óptimo, que los jueces tuvieran más peso en la selección?

– La UE dice que para el CGPJ los jueces elijan a doce vocales y el Parlamento a los otro ocho.

– ¿Realmente cree que los grupos políticos están a favor de la independencia de los jueces?

– No lo sé. Lo que sí digo es que si no sustituimos la lógica partidista por la institucional en el TC y en el CGPJ seguiremos repitiendo los mismos errores y se mantendrá la imagen de que existen bloques. Eso el mundo político lo tiene que saber. Una cosa es el partido y otra la institución, porque esta tiene que actuar en beneficio de todos los ciudadanos, con independencia de a quién voten.

– Volviendo a la reforma del Código Penal. ¿El Estado se ha queda inerme para enfrentarse a situaciones como las vividas en Cataluña en 2017 al eliminar el delito de sedición?

– Sigue teniendo instrumentos jurídicos, aunque distintos a los anteriores.

– ¿Pero son efectivos? La portavoz de ERC en el Parlament, Patricia Plaja, se ha jactado de que ahora el Estado «tiene menos fuerza represiva», algo en lo que coincide con el PP, aunque éstos lo expresen de otra forma...

– No voy a valorar esas opiniones, pero sí digo que una reforma del Código Penal debe venir precedida de una reflexión profunda y esto no se ha hecho, lo que se puede traducir en problemas de interpretación y en inseguridad jurídica.

– ¿Se puede repetir la misma situación que con la ley del 'solo sí es sí?

– Esta ley ha sido un ejemplo de efectos no deseados porque no se plantearon las posibles modificaciones de las penas impuestas en función de la aplicación de la ley penal más favorable.

– ¿Cómo es posible que una ley pensada para endurecer penas por delitos sexuales beneficie a algunos condenados?

– Existían informes que advertían de que se podrían revisar sentencias y, sin embargo, la ley no contiene ninguna disposición transitoria respecto a la aplicación retroactiva más favorable. Da la sensación de que, por las razones que fuera, no se había reparado en que esta situación se podía producir.

– ¿A cuántos casos afecta la revisión en Euskadi?

– Se han planteado 114 procesos, de los que 43 se han resuelto, revisándose 9 sentencias a la baja, 7 en Bizkaia y 2 en Araba. A la calle han salido 5 ó 6.