El juez acelera para llevar a juicio a Koldo, Ábalos y Aldama por las mascarillas

En un auto conocido este martes, el magistrado ha decidido abrir una pieza separada solo y exclusivamente para investigar las adjudicaciones presuntamente amañadas de obra pública por parte del ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021. Unos hechos que fueron denunciados en su día por De Aldama y cuya existencia fue ratificada por las grabaciones intervenidas en el registro de la vivienda de Koldo García en febrero de 2024, en la que aparecen los dos exsecretarios de Organización del PSOE hablando del reparto de dinero.

La apertura de esta pieza separada -que se barrunta que va a ser extensa y complicada y que se encuentra en una fase «todavía muy incipiente», en palabras del juez Puente- permitirá tratar de cerrar mucho antes la que denomina «causa inicial» , cuya instrucción está «muy adelantada» y en la que se indagan las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas en plena pandemia o las dádivas realizadas por De Aldama a Ábalos y Koldo.

El auto explica que en esta pieza separada por los amaños de obra pública quedan como imputado exclusivamente Ábalos, Cerdán, Koldo y De Aldama, además de los empresarios que supuestamente pagaron mordidas para ser favorecidos en los concursos: José Ruz, Antonio Fernández, Daniel Fernández, Fernando Agustín Merino y Joseba Antxon Alonso.

El juez señala que en esta nueva pieza, a su vez, habrá diferentes bloques porque los presuntos amaños tuvieron diferentes fórmulas y autores. Por un lado, las obras que ganó Acciona, en UTE con otras de menor envergadura como Servinabar, bajo «la indiciaria dirección y supervisión» de Cerdán y en la, hasta el momento, no hay indicios de que participaran el resto de imputado. Por otro lado, otro bloque de «menor entidad económica» que supuestamente fueron amañadas por De Aldama, Ábalos y Koldo.

Con esta división de la causa, el juez explica que la apertura de esta pieza separada le permitirá dar un acelerón al resto del caso en el que se investiga cómo Ábalos «actuando en connivencia con su asesor» y con Aldama «habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, sendos contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19, obteniendo los dos primeros las correspondientes e indebidas prestaciones económicas y beneficiándose el último de la comisión correspondiente».

«Dentro de esa misma parte de la investigación, se incluiría lo referido a que Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía, pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio ministerio», explica el togado del Supremo.

«Así –añade el auto—la publicación de la nota de prensa, avalando la próxima financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de la sociedad Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y que tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de De Aldama».

Puente explica que también formarán parte de esa pieza principal que espera mandar a juicio pronto «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jésica Rodríguez y Claudia Montes», las amigas del exministro de Transportes que habrían sido enchufadas en la administración.