Los presos del EPPK rechazan las delaciones para aclarar ante la Justicia los casos sin resolver

La posición supone un jarro de agua fría a los pocos días de trascender que el EPPK ha decidido anunciar el final de los 'ongi etorris' públicos y limitarlos al ámbito privado y discreto para no herir la sensibilidad de las víctimas. Una medida que, en general, ha sido bien acogida en el País Vasco, como un avance hacia el asentamiento de la convivencia. La decisión había sido trabajada por el Foro Social desde 2019.

El comunicado difundido ayer tras el encuentro revela una trastienda bastante más compleja. La posición conocida ayer explicita algo que ya flotaba en el ambiente hace meses y que responde también a las diferentes sensibilidades y equilibrios existentes en el colectivo de los propios reclusos.

De entrada, la estrategia mayoritaria es la reivindicación del fin de la excepcionalidad, que se apliquen los permisos penitenciarios sin cortapisas legales, que se tramite el cambio de grados con normalidad, que se aplique la ley ordinaria y que se desactive lo que se considera un grupo de presión en la Audiencia Nacional para condicionar a los jueces de vigilancia penitenciaria. Tanto en el EPPK como en el Foro Social existe la percepción de que se libra un pulso por parte de los sectores más radicalmente contrarios a la actual política penitenciaria que quieren condicionar al Gobierno.

En una nota hecha pública después de la reunión, el Foro Social Permanente ha pedido la puesta en marcha de «un plan de reintegración generalizada» que «pilotado ddsde las instuituciones públicas, y consensuado con los diferentes agentes –incluidos los presos»– permita «el acompañamiento a éstos en su itinerario individual, tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como como en la posterior reintegración social y laboral». «Un itinerario de reintegración que deberá reunir las garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados tanto desde Instituciones Penitenciarias, el Gobierno Vasco y las autoridades competentes», dice el Foro.

Pero el asunto más delicado tiene su calado. Así, el EPPK mostraba en esta declaración su preocupación por el impulso judicial en la apertura de nuevos sumnarios de los llamados casos sin resolver que afectan a presos o a otros reclusos ya excarcelados. El colectivo pide «otra perspectiva» en relación con estos sumarios, tanto en lo relativo a «organizaciones armadas» –y cita al respecto a ETA (m), ETA (pm) y los Comandos Autónomos– como a los ligados a la 'guerra sucia' del Estado, a las muertes extrajudiciales o a las torturas. En ese sentido, reclama que se estudien experiencia internacionales, pide mecanismos de «Justicia transicional» que se han dado en otros lugares del mundo y propone la constitución de una Comisión de la Verdad para averiguar qué es lo que ocurrió. Este modelo de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación se puso en marcha en su momento en Sudáfrica para pasar la página del apartheid.