Los policías señalan al Gobierno y Marlaska defiende que fue un «dispositivo absolutamente suficiente»

En las antípodas del análisis del ministro del Interior que el domingo solo «vio» a una «inmensa mayoría pacífica de ciudadanos» ejerciendo sus derechos y a la Policía Nacional viviendo un «día complicado» estuvo el análisis este lunes de su propia gente, que cree que ese «despliegue con criterios políticos» puedo acabar muy mal. «Más de 100.000 manifestantes; disturbios violentos perfectamente organizados y simultáneos en Callao, Atocha, Cibeles y Virgen del Puerto; presencia de elementos radicales en el centro de Madrid desde media mañana…22 compañeros heridos…. ¿¡Y solo dos detenidos!?. Esas cifras son inauditas y te dan una instantánea del desastre de operativo que nos han hecho diseñar», denunció abiertamente uno de los mandos que ha coordinado a los casi 2.000 agentes desplegados este domingo en Madrid, entre los 800 antidisturbios, 400 guardias civiles y cerca de 700 agentes municipales.

Marlaska insistió este lunes en que el operativo, aunque no impidió que se tuviera que cancelar la etapa, no tenía parangón desde el despliegue policial para blindar Madrid en la cumbre de la OTAN de junio de 2022. Pero sus palabras siguieron siendo rebatidas. Fue un despliegue «demasiado contenido»–coinciden todos las fuentes consultadas esta mañana en Moratalaz y en otros puntos neurálgicos del Ministerio del Interior- y que era «insuficiente a todas luces» por dos motivos: la extensa zona a cubrir dado el recorrido tan amplio y, sobre todo porque -recuerdan mandos de la Comisaría General de Información- desde hace días los grupos pro-palestinos venían convocado «sin ningún tipo de interferencia desde la administración» a «poner la guinda» de las protestas de estos días en Madrid «abortando la última etapa» de la competición ciclista, sabiendo que era la acción que iba a tener mayor repercusión internacional.

Faltaron efectivos, pero, sobre todo -denuncian los agentes afectados- faltaron órdenes de realizar «labores preventivas». Según mandos de la propia UIP, aun con ese «despliegue insuficiente» se podría haber «garantizado la celebración» de la etapa «restringiendo las protestas» o «cambiándolas de ubicación» por orden de la Delegación del Gobierno, que en ningún momento, sin embargo, se planteó prohibir que los militantes pro-palestinos no pudieran acceder a las cercanías del recorrido por motivo de seguridad.

Recuerdan desde los antidisturbios que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en los últimos meses sí que ha hecho uso sin problema de los preceptos legales que le permiten limitar el artículo 21 de la Constitución sobre la libertad de manifestación o incluso prohibir las protestas «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes». Lo ha hecho «profusamente» -remarcan- a la hora de «prohibir sin contemplaciones» las convocatorias, sobre todo de Vox, para manifestarse en las cercanías de los centros de menores en contra de la inseguridad.

Pero más allá de los errores (buscados o consentidos) en el dispositivo, entre los agentes esta mañana también reinaba una sensación de «desamparo». Las declaraciones de Marlaska felicitándose por la movilización que obligó a cancelar la etapa y que acabaron con policías heridos o las palabras de Pedro Sánchez «alentando» horas antes las protestas cayeron como un jarro de agua fría entre los agentes, que calificaron de «inédita» una situación en la que desde los más alto de su cadena de mando política se «apoye abiertamente» a los alborotadores mientras se «limita la acción policial por criterios partidistas».

La reacción de los sindicatos de la Policía fue unánime. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que «se ha buscado cortar La Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política». «El presidente del Gobierno, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un cuerpo policial fuerte y un dispositivo sólido, ha optado por lo contrario: alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España», clamó el sindicato.

Jupol, por su parte, también criticó a los «responsables políticos que han hecho un llamamiento a las protestas» propalestinas. En esa línea, también denunció las manifestaciones «se han alentado» desde los «satélites mediáticos del Gobierno» y que acabaron con hechos «absolutamente inadmisibles» que han afectado a «la imagen internacional de España y de Madrid». La Confederación Española de Policía (CEP) lamentó que «grupos de radicales han acabado llevando la dictadura de la violencia a las calles del centro de Madrid».