La polarización de la Justicia, a juicio

Es previsible que se plantee un recurso al Tribunal Constitucional después de esta decisión, pero el daño ya está hecho. Y esto no surge precisamente de la nada. El texto es el fallo y el contexto viene de antes, es bastante anterior, es la Justicia militante de unos pocos jueces, pero relevantes y con protagonismo, que buscan una Justicia militante, con una invasión del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial al servicio de una ideología, y que ni siquiera fue denunciado por parte de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, cuando las togas se manifestaban ante un proyecto de ley del Ejecutivo. Esta intromisión es de doble dirección. No darse cuenta de estas intromisiones genera falta de lealtad y desconfianza. De ahí los reproches y el cuestionamiento a la imparcialidad del tribunal que ha dictado la sentencia, cuando desde un principio se admitió que responder con una nota al bulo que se estaba esparciendo era perfectamente legal. ¿Qué ha pasado? Esto es de aurora boreal, además de un peligro que me parece muy grave, y es que se puede poner en solfa un principio sagrado como es el secreto profesional del periodismo por parte de los periodistas que han declarado en el juicio oral.

El efecto, de momento, es muy malo para la imagen de la Justicia. No se entiende que conozcamos el fallo pero no la fundamentación de la sentencia. La pena de inhabilitación, con multa e indemnización pero sin prisión, me hace pensar, pero solo es una conjetura, que al fiscal general del Estado se le condena por revelar información sensible en la nota informativa que se hizo para responder al bulo, pero no por revelar secretos. Porque si hubiera sido por esto último la condena hubiera acarreado cárcel. No saber la fundamentación de la sentencia me parece una mala praxis que hace daño a la imagen de la Justicia. Se argumentará que el Tribunal Constitucional hace lo mismo, pero es que el TC no forma parte de la Administración de Justicia. Adelantar un fallo sin saber su fundamentación puede dar pie a una imagen de arbitrariedad.

Por supuesto que sí, hace mucho daño. A la Fiscalía, en primer lugar, porque además de que se condena al fiscal general del Estado, su misión de informar a la sociedad de asuntos relevantes queda absolutamente comprometida, ante el riesgo de que los acusados les persigan penalmente para dar información sobre sus acusaciones. Y también hace daño al Tribunal Supremo que demuestra su división en tanto hay hasta dos magistrados que durante el procedimiento han emitido sendos votos particulares cuestionando que hubiera razones para incriminar al fiscal general del Estado. Además, el procedimiento para anunciar la sentencia, anunciando el fallo del Supremo pero no sus razones, causa una enorme perplejidad porque el afectado ni siquiera puede rebatir los motivos, y la parte de la sociedad que siguió el juicio y le creyó, solo conoce la condena, pero no se desmiente con razones su convicción de que era inocente. Todos perdemos.

El asunto de la sentencia que condena al fiscal general del Estado ha generado ciertamente verdaderos ríos de tinta y una polémica social fuera de cualquier duda. Y uno podrá tener su opinión sobre el fiscal general del Estado, sobre los jueces, sobre la pareja de Ayuso o sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero más allá de esta dimensión de controversia mediática, en la que ni entro ni salgo, sí tengo que decir que se ha puesto de manifiesto, a pesar de todas las críticas, el funcionamiento normal y natural de la Justicia. Eso es lo que me parece que hay que poner de manifiesto. Porque es la esencia del debate, lo más relevante en este momento, que todos estamos sujetos al imperio de la ley y del Derecho. Vivimos en un Estado de Derecho y las instituciones son muy garantistas a este respecto. Y estas garantías siguen estando en la clave de bóveda de todo el sistema. Yo no tengo ningún miedo de que se ha cumplido el principio de legalidad, aunque tengo que reconocer que me entristece, por supuesto, la imagen de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados y la erosión que se proyecta sobre la institución. Creo que realmente a nadie le gusta esa fotografía ni es buena para el sistema judicial en España.

En relación con la sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado hay una afección directa no solo reputacional, que también, sino que toca y es clave en la confianza en la Justicia, entendida de manera genérica, pero que se plasma en la evidencia de que las decisiones judiciales se ven muchas veces mediatizadas por sesgos políticos e ideológicos. Efectivamente, la Justicia no es una ciencia exacta pero tiene que anclarse en unas bases objetivas. Cuando se suele decir que gran parte de la sociedad en su conjunto no entiende una determinada decisión judicial. alguien puede decir: claro, son legos el derecho, no controlan el derecho, es entendible que no lo entiendan... Lo que sinceramente me resulta muy difícil de entender, en este caso, es que se haya adelantado el fallo judicial sin aportar el contenido sustantivo del mismo. El único elemento que puede implicar un asidero de razonabilidad de la decisión es conocer los argumentos en los que se sustenta, adelantar el fallo con el argumento de que podía haber filtraciones me parece realmente una irresponsabilidad que no termino de entender. Creo que el bien jurídico a proteger es la sobriedad de la Justicia, la Justicia no es instrumental, es Justicia sin más adjetivos. Y dar ese paso por parte del Tribunal Supremo me parece un error porque es la cúspide de nuestro sistema judicial. El Tribunal Constitucional protege derechos fundamentales, pero la cúspide jerárquica es el Supremo, y en materia penal esta Sala Segunda. Sinceramente, me parece muy difícil de entender sobre todo porque me da la sensación de que se ha transformado la sospecha en prueba, y eso no me vale ni para el fiscal general del Estado ni tampoco para un ciudadano anónimo o común como cualquiera de nosotros. Y cuando la democracia se debilita a través de esta pérdida de confianza, me parece muy relevante. Respecto a la llamada división de poderes, el Poder Judicial, no debería llamarse así, es Justicia, y hay que recordar que la Constitución dice que emana del pueblo. Esta decisión representa un grave punto de inflexión en el que ya había mucha gente que percibe una determinada paradoja. Por un lado, se ve y se valora a un gran colectivo de unos cinco mil magistrados o magistradas que hacen bien su trabajo. Pero, a la vez, cuanto más subes a las plantas nobles de los tribunales, más se politiza la Justicia. La decisión ha sido como un amianto, un veneno para la propia confianza democrática en la Justicia. Y lo digo con hondo pesar.

Tengo que reconocer que estoy horrorizada de escuchar algunas de las cosas que se están diciendo estos días después de saber que el fallo del Supremo inhabilita al fiscal general del Estado. Como por ejemplo, que se diga que esta sentencia supone la exculpación de González Amador, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Habrá que esperar, en todo caso, al contenido exacto de la sentencia, que no conocemos todavía. Estoy absolutamente convencida de que tanto la redacción del fallo como los votos particulares van a ser de una calidad jurídica altísima por parte de los jueces del Tribunal Supremo, de todos los que han participado en el fallo. De todas formas, yo creo que la sentencia en sí misma no tiene por qué afectar en nada a la imagen y a la credibilidad de la Justicia. Ni siquiera a la legitimidad de los órganos judiciales. Otra cosa son las opiniones bien diferentes que puedan lanzarse desde todos los ámbitos políticos o de otros que pueden mediatizar o condicionar las opiniones que tengan, a su vez, los seguidores de determinados grupos sobre la credibilidad o la imagen de la Justicia. No salgo de mi asombro ante determinadas reacciones que han surgido ante esta decisión. Son fruto de una enorme ignorancia o son un ejercicio de una increíble falta de responsabilidad o de una absoluta negligencia política manifiesta. Sinceramente no doy crédito.