El parón político agrava el retraso del traspaso de las transferencias a Euskadi

El lehendakari ya dio la voz de alarma cuando el presidente del Gobierno anunció el adelanto de los comicios al 23-J tras la debacle del 28-M. Urkullu fue muy crítico con Pedro Sánchez y recordó que las competencias que se reclaman están recogidas en el Estatuto de Autonomía, aprobado hace 43 años. De todas formas, denunció el lehendakari, este incumplimiento «ya lo veníamos sufriendo» y ahondó en la critica señalando que el cronograma de transferencias que fue aprobado en enero de 2020 por el Consejo de Ministros no se ha materializado.

Por su parte el presidente del EBB en aquellas mismas fechas manifestó crudamente su enfado. Andoni Ortuzar, tras recordar que el PNV ha sido el socio más estable de Sánchez, concluyó que ante el cierre abrupto de la legislatura «nos ha decepcionado, no ha cumplido su palabra con Euskadi».

Estos retrasos llevaron a Urkullu a pedir en abril al presidente una reunión para desbloquear las transferencias pendientes e impulsar la comisión bilateral que propuso el lehendakari en el último pleno de política general. Sánchez en su respuesta accedía a fijar una fecha pero, según fuentes de Lehendakaritza, a día de hoy el encuentro no se ha concretado en nada.

Esta falta de acción por parte del Gobierno central llevó al PNV a situar esta cuestión en el centro de las campañas electorales del 28-M y del 23-J. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, advirtieron una y otra vez a Sánchez de que si quería los votos de los nacionalistas para su investidura exigirían no solo las transferencias pendientes, sino también garantías de que los traspasos competenciales se van a hacer realidad.

El presidente del EBB fue muy claro al respecto cuando adelantó que el voto jeltzale «va a ser muy caro». En un mitin en Sestao recalcó que el PNV «no es la muleta de nadie. Se debe solo a Euskadi, a su programa y a su ciudadanía. Y si alguien quiere nuestros votos, tendrá que dar respuesta a nuestros planteamientos, pactar y dar garantías».

Entre las transferencias pendientes la de más calado es la del servicio de Cercanías de Renfe. La cuestión encalló por diferencias acerca del sistema de financiación, ya que Madrid planteó un escenario de régimen común para el traspaso y que así Euskadi asumiera la titularidad de la materia sin que se financie a través del Cupo. Una fórmula que, por ejemplo, se llevó a cabo en Cataluña en términos similares: se hace a través de un pago que el Ministerio de Transportes le transfiere todos los años al Govern catalán para que éste, a su vez, pague al concesionario. Es decir, a Renfe. Sin embargo, el Gobierno Vasco no estaba dispuesto a aceptar de ninguna de las maneras que el Ejecutivo central no respetase el régimen foral vasco. Metodología que se ha venido utilizando, además, en todos los traspasos anteriores.

El Gobierno aceptó finalmente que el pago de los servicios ferroviarios se haga vía descuento del Cupo. Así que, en teoría, solo falta un fleco para poder amarrar la transferencia y que Euskadi asuma la competencia: calcular la cuantía exacta una vez se aplique el 6,24% -porcentaje fijado en su día en la negociación del modelo- sobre las partidas generales de los servicios de cercanías que Renfe presta en todo el territorio español. La realidad es que, sea por esta razón u otras, esa asignatura sigue pendiente.

De cara a la próxima legislatura la apuesta del PNV se incrementa porque reclamará de nuevo la transferencia de las competencias de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una cuestión compleja y que provoca reticencias en el Gobierno central. El programa electoral jeltzale contempla la puesta en marcha de un sistema vasco de previsión social que dé cobertura a la ciudadanía vasca «a través de la plena efectividad de las competencias estatutarias en materia de Seguridad Social y de su régimen económico, como dispone el Estatuto de Gernika».

El enfado del lehendakari y del PNV con el Gobierno central trasciende el campo de las competencias y se adentra en lo que el propio Urkullu ha calificado como «pulsión recentralizadora». Esta, según ha denunciado el lehendakari, se refleja a través de los recursos y de la litigiosidad y, por otra, con normas básicas que «entran tan al detalle» y que intentan dejar a las comunidades autónomas «como un mero ejecutor» de aspectos que son competencias autonómicas.

Este sería el caso por ejemplo de la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso el pasado mes de abril y que ha sido recurrida por el Gobierno Vasco, sin el acuerdo de los consejeros socialistas, ante el Tribunal Constitucional.

En esta misma línea el presidente del EBB, en una entrevistra publicada el mes pasado en este periódico, mostraba su preocupación por «la dinámica del PSOE que en su programa electoral recoge un plan de cohesión territorial que tal y como está formulado supone una auténtica LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autónómico, aprobada en 1983)». Ortuzar advirtió de que de cara a dar su apoyo a Sánchez para la investidura «ahí no podemos entrar».