El muro jurídico al que se enfrentan las víctimas para prohibir los homenajes

Los colectivos de víctimas reclaman que se acabe con los 'ongi etorri' por ser «humillantes». Pero la Justicia no es favorable a sus pretensiones, ya que los enmarca dentro de la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En primer lugar, el de enaltecimiento del terrorismo. Pero para ello es preciso que haya una intención específica de enaltecer la figura del terrorista como tal y que haya un llamado directo o indirecto a la violencia o una defensa de la violencia, el odio o la intolerancia. Desde la disolución de ETA en 2018, los jueces rechazan esta tesis. En segundo lugar se encuentra el delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Este delito está contemplado en tres leyes: la ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 4; la ley estatal de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 61; y el Código Penal, en su artículo 578.

Las dos primeras instan a «los poderes públicos» y «al Estado» a adoptar las medidas necesarias para «prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares». En términos muy parecidos se expresa el Código Penal, que prevé pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses por la comisión de estos delitos.

Que no existe una doctrina unánime. Si bien este tipo de delito está más definido en ámbitos como las letras de canciones, no es así en convocatorias como los 'ongi etorri'. En la última década, la evolución de la jurisprudencia ha sido hacia una mayor permisividad. Los jueces tienden a enmarcar estos actos dentro de la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Es difícil que se prohíba alegando un delito de humillación a las víctimas antes de que éste tenga lugar.

El ministro del Interior anunció una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para perseguir estos actos por la vía administrativa en vez de la penal. La idea sería sancionar a los ayuntamientos que concedan licencias para los 'ongi etorri'. El problema es que en la mayoría de los casos, ese permiso no se solicita.

Que se aplique la legislación vigente. Entienden que es suficiente para impedir que se celebren los 'ongi etorri' por constituir un delito de humillación.

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