Llegada de un barco que transporta vehículos en el puerto de Pasaia. Estrada

El Ministerio sostiene que la dársena siempre ha sido de «interés general»

Madrid alega que Pasaia mantiene las características para ser una infraestructura estratégica, dado que su área de influencia supera el ámbito vasco

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

Madrid siempre ha defendido que el Puerto de Pasaia cumple con las características exigidas para que sea considerado de interés general y seguir bajo el ... manto del Estado. El Ministerio de Fomento ya aclaró en julio de 2018, en las negociaciones que el Ejecutivo central mantenía con la consejería de Desarrollo Económico y Competitividad pilotada entonces por Arantxa Tapia para el traspaso de la dársena a Euskadi en los mismo términos que los de ahora, que los puertos comerciales con tráficos de importación y exportación deben considerarse de interés general, condición que Pasaia cumplía. Será uno de los argumentos que empleará el informe que la Abogacía del Estado está últimando y que presentará en la reunión de la próxima semana con Euskadi, que estará representada por la consejera de Gobernanza Maria Ubarretxena.

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El Gobierno central destacaba entonces que el Puerto de Pasaia ha evolucionado de un enclave pesquero e industrial a un puerto «diversificado» y ambientalmente responsable, con un papel clave en la economía vasca y regional. «Su alta especialización en sectores como la siderurgia, el papel, la automoción y la agroindustria refuerza su carácter estratégico», añadía.

El Ministerio ha sostenido que la dársena mantiene todas las características exigidas por la legislación para seguir siendo de interés general, dado que su área de influencia supera ampliamente el ámbito vasco, abarcando Navarra, el norte de Castilla y León y el valle del Ebro, siendo además un nodo esencial para las exportaciones de la planta automovilística de Figueruelas (Zaragoza).

Desde Madrid se subraya, por tanto, que la eventual transferencia del Puerto no es una cuestión meramente administrativa, sino que afecta al equilibrio del sistema portuario estatal. El Ejecutivo central insiste en que mantener la dársena bajo titularidad estatal garantiza la cohesión de las rutas marítimas y la competitividad del conjunto de los puertos españoles, en especial aquellos integrados en la red europea.

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