En libertad Balbino Saenz de Olarra, primer preso de ETA beneficiado por la rebaja de penas

Para Sare, la excarcelación del preso donostiarra supone «un motivo de alegría, pero, también, de preocupación». «No podemos obviar que esta modificación de la ley se produjo en octubre de 2024 y desde entonces hay 52 presos pendientes de que se les aplique la ley», ha recordado. A su juicio, esta «lentitud intencionada» por parte de la Audiencia Nacional en la aplicación de esta ley supone «una vulneración de derechos» al «obligar a un número importante» de reclusos de ETA a cumplir «más tiempo de privación de libertad que la pena impuesta por los tribunales».

Este preso de la banda terrorista fue condenado a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández y el atentado fallido contra dos furgones policiales que prestaban su servicio durante los partidos que se disputaban en el estadio de Vallecas, en 2002. Después fue detenido en Francia a finales de 2002 y se le impuso una condena de 10 años en Francia, que después se amplió cuando fue trasladado a España.

La reforma de la ley 7/2014 que aprobó el gobierno el pasado mes de octubre y que levantó una gran polémica permitirá a 44 presos de ETA descontarse las penas purgadas ya en Francia. La adecuación nacional a la normativa europea sobre la convalidación de las penas cumplidas entre países de la UE –en el caso de los terroristas, en Francia– colea desde 2014. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy logró frenar su aplicación para los reclusos de ETA con condenas previas a 2010 –responsables de los años más mortíferos de la banda– por la vía de introducir 'in extremis' en la ley una disposición adicional única; una excepción en el caso español que avaló en 2018 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y cuya derogación se había convertido en «la madre de todas las batallas» para la izquierda abertzale comandada por Arnaldo Otegi.

Es decir, bajo el paraguas de la corte europea, el actual Gobierno no tenía por qué trasponer la normativa comunitaria en lo que afecta a los miembros de ETA aún en prisión. Y, de hecho, negó a las víctimas –por boca del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska– que este fuera a ser el desenlace de la tramitación parlamentaria cuando se retomó en 2022. Un giro en el que los damnificados por la violencia y la oposición criticaron que si el Gobierno ha variado su posición no es por obligación legal, sino por los pactos que va forjando con EH Bildu. El proyecto de ley salió del Congreso con la unanimidad de 346 diputados con el beneplácito de PP y Vox.