El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir

Si los avances en la investigación sobre la presunta actividad delictiva del exsecretario de Organización del PSOE y de su antecesor, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, actúan como disolvente para la militancia y para los aliados parlamentarios del Ejecutivo, la histórica decisión del alto tribunal contra el máximo representante del Ministerio Público puede tener un efecto aglutinante, que el principal partido del Gobierno está determinado a explotar en un momento especialmente difícil de una legislatura siempre al borde del precipicio.

Los socialistas han visto estos dos últimos días cómo, después de marcar distancias y volver a advertir el miércoles de que su respaldo se esfumará si llega a demostrarse que el PSOE se financió de manera irregular, la mayor parte del bloque de la investidura se alineaba con ellos, tras conocerse el veredicto del Supremo. El Gobierno ha mantenido con el alto tribunal una relación tensa desde que la legislatura pasada decidió indultar a los líderes del 'procés' condenados, derogó el delito de sedición y rebajó la malversación para amarrar su mayoría parlamentaria. Con la ley de amnistía, tras las últimas generales, llovió sobre mojado .

Es cierto, aun así, que Junts no ha dado muestra alguna de estar dispuesto a una reconciliación y se mantiene en la ruptura de relaciones anunciada hace un mes. Y que ERC o Podemos han aprovechado la coyuntura para echar en cara al PSOE que, cuando eran ellos los que denunciaban los desmanes de una Judicatura «facha», no encontraron su solidaridad. También han recuperado su exigencia de una reforma para cambiar las mayorías parlamentarias en la elección del Consejo General del Poder Judicial, en la que los socialistas no están dispuestos a embarcarse

Pero con ese argumento del «acoso judicial» que marcó, hace ahora casi un año, el 41º congreso federal en Sevilla –ese en el que, al grito de «nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo», Cerdán, ya señalado por el 'caso Koldo', fue ratificado como número tres del partido–, Sánchez prepara la resistencia. Si algo repiten en Moncloa es que el presidente no llamará a las urnas. Ni por la falta de Presupuestos ni por los varapalos en los tribunales. «Hay legislatura, hay rumbo y los resultados están ahí», repitió el viernes el ministro Luis Planas.

Entre la dirigencia del PSOE hay ganas de combate. García Ortiz será sustituido, previsiblemente, en las próximas semanas cuando la sentencia se haga efectiva. Y, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitara a asegurar el jueves que su relevo será alguien con «el máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho», lo que a muchos les pide el cuerpo es ir aún más al choque con un jurista que levante ampollas entre los conservadores. «Bien rojo», dicen.

A las puertas de un nuevo ciclo electoral al que se asoman con expectativas limitadas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía (de momento, los comicios previstos), los socialistas consideran que la condena al fiscal general –adoptada por cinco votos a dos, los de las únicas magistradas progresistas de la sala, Susana Polo y Ana Ferrer– les da munición para activar a sus bases y al electorado de izquierdas.

El jefe del Ejecutivo, que hasta hoy, cuando se espera que responda a preguntas sobre el asunto en una rueda de prensa en Johannesburgo, no ha hecho declaraciones expresas acerca del tema, sí fijó el marco en el que pretente situar el debate el mismo jueves en el Congreso, durante la presentación de la serie «Anatomía de un instante», basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23-F. Allí aseguró que batallará por «neutralizar la amenaza» de quienes quieren «tutelar» la soberanía popular.

Pero fue el ministro de Transformación Digital y líder de la oposición madrileña, Óscar López, quien más claramente señaló el camino. «Si son capaces de condenar sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?», dijo esa noche, en una clara alusión a una eventual absolución de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «¿Quien se meta con Ayuso va a tener un problema con la justicia?».

Los socialistas creen que la decisión de un tribunal en el que se sentaba también una de las bestias negras de la izquierda, el artífice de la sentencia del 'procés' Manuel Marchena, tiene una potencia de tiro que no tienen otras causas que también denuncian como fabricadas por la derecha. El miércoles, en su primer mitin para la campaña en Extremadura junto a Miguel Ángel Gallardo, a punto de sentarse en el banquillo por la presunta contratación irregular de su hermano, David Sánchez, el presidente evitó hacer mención al asunto. Pero las cosas han cambiado.