El Gobierno Vasco reconoce que fue «intolerable» la «injusticia padecida» por guardias civiles y policías en Euskadi

Artolazabal expresó su deseo de recuperar y poner en valor la memoria de colectivos que fueron diana y víctimas de la violencia terrorista. «Una memoria demasiadas veces relegada, silenciada y olvidada», aseguró para reconocer que ayer se estaba dando «un pequeño gran paso en ese camino». «Seguiremos caminando juntos», alentó.

«Teníamos que andar como furtivos y mentir, un policía aquí estaba mal mirado». La frase resume en parte el modo de vida que llevaron durante años los uniformados que trabajaron en Euskadi. Algunos de ellos o sus familiares han relatado su vivencia para el informe promovido por la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

El trabajo, que ha sido realizado por los profesores José Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad L. Vicente, tras la petición realizada a comienzos de 2020 por el Ejecutivo de PNV y PSE, a través de su Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, expone que de los 357 agentes de ambos cuerpos asesinados por ETA, 207 (58%) eran guardias civiles o ex guardias civiles, y 150 (42%) agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En el caso de los guardias civiles y debido a los reiterados ataques a las casas cuartel, 17 familiares de los agentes murieron en diferentes atentados, dos de ellos eran adolescentes y 11 niños. Además, los atentados cometidos por ETA dejaron 711 uniformados heridos. El 43% sufrió lesiones que les provocaron una incapacidad permanente total.

La amenaza que ETA lanzó contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcanzó a todas las vertientes del desempeño profesional y a todos los ámbitos de vida «privada y familiar», contribuyendo, «mediante la intimidación colectiva, a que quienes integraban el cuerpo, así como por extensión a sus familias, quedasen expuestos a una situación de aislamiento social». Esta es la primera de las conclusiones obtenidas por los autores del informe, quienes también insisten en que «esta situación resulta intolerable desde una sensibilidad democrática y de respeto por la diversidad social».

El informe ahonda en que ese acoso supuso «la vulneración sistemática de derechos fundamentales reconocidos no solo en el ordenamiento jurídico español sino también en los principales textos normativos de derecho internacional». Se citan expresamente vulneraciones en el derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y a la libertad de residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de las personas.

Los profesores del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto han entrevistado a catorce de estas víctimas que prefieren preservar su identidad por diferentes motivos. Afectados directos por acciones de ETA o familiares de asesinados rememoran en el documento el aislamiento social al que se vieron abocados: «Tener contactos y, mucho menos amistad, con gente de la tierra era poco menos que imposible». «Nadie nos conocía en el bloque donde vivíamos». La hija de uno de los agentes recuerda que lo vivió «como algo terrorífico». «Nadie podía saber lo que era mi padre porque si no lo podían matar», relata. Otra de las facturas que pagaron fueron las rupturas sentimentales o las quiebras familiares: «Estaba recién casado cuando me destinaron al País Vasco. Mi exmujer no me quiso acompañar, tenía miedo. Al cabo de tres meses acabamos separados», cita otra víctima.

El documento recoge «sugerencias» para honrar a estas víctimas. La primera pide poner en valor «la labor» que las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado «en la lucha contra ETA, en su derrota y en evitar atentados que habrían supuesto un incremento del número de víctimas». También insta a «consolidar» su imagen «como instituciones al servicio de las libertades públicas». Insisten, además, en que en los programas de víctimas en las aulas han de estar representadas «necesariamente» para que no queden «invisibilizadas» y para «dar a conocer lo específico de la injusticia que vivieron».