El Gobierno Vasco confía en «alcanzar una fórmula negociada» para participar en la gestión de los aeropuertos
Ubarretxena acude mañana a Madrid para constituir el grupo de trabajo que buscará el acuerdo en los próximos cuatro meses
El Gobierno Vasco confía en llegar a un acuerdo para posibilitar su participación en la gestión de los areopuertos vascos, y dar cumplimiento así al ... compromiso para completar las transferencias del Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno y portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha lanzado este mediodía un mensaje conciliador en la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del gabinete. A pesar del rechazo que suscita en el seno de Aena -que ostenta la explotación de los aeropuertos- la consejera ha destacado su «expectativa positiva» y ha apuntado que mañana se constituye un grupo de trabajo en busca de una «fórmula negociada» en los próximos cuatro meses para posibilitar la participación del Gobierno Vasco que dé satisfacción «a las dos partes». Ubarretxena ha pedido un mecanismo que «dé salida a la conectividad, tanto en clave económica como territorial».
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El vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, también ha mostrado su convencimiento de que, a pesar de las diferencias, se alcanzará un acuerdo con el Gobierno de España. «Esa es la voluntad del Gobierno Vasco», ha señalado.
El trasfondo del asunto tiene que ver con una serie de movimientos en el seno del accionariado de Aena contrarios a la participación de los gobiernos autonómicos en la gestión de los aeropuertos públicos de Euskadi, Cataluña y Canarias. El fondo británico TCI (que tiene el 6% del capital en Aena) ha pedido el mantenimiento de actual gestión en red en España en una carta. Ha sido por carta, enviada a la propia Aena, y la respuesta de la empresa ha sido remitida tanto al fondo como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En esta última misiva, Aena se muestra contraria a la implicación de las comunidades autónomas en fórmulas de cogestion con un argumentario centrado en la pérdida de competitividad que podría suponer. Un extremo que ha sido negado por el Gobierno Vasco, que argumenta que es el primer interesado en mejorar la viabilidad económica de estas infraestructuras.
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