El Gobierno exige a Usurbil que retire el nombre de Sagardia a una de sus plazas
La delegación del Gobierno considera que el Ayuntamiento incumple la Ley de Víctimas del Terrorismo, ya que Joxe Martín Sagardia, asesinado por el BVE, está incluido en una lista de presuntos miembros de ETA
La delegación del Gobierno en Euskadi que dirige Denis Itxaso ha enviado al Ayuntamiento de Usurbil un requerimiento para que retire de inmediato el nombre ... de Joxe Martín Sagardia a una de sus plazas y se retire la placa en su honor. El motivo, según esgrimen desde el Ejecutivo central, es que se está vulnerando la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, ya que el nombre de Sagardia figura en una lista de presuntos miembros de ETA que elaboró el exministro del Interior José Pedro Pérez Llorca. En el mapa del terror de Covite, de hecho, se apunta a que Sagardia «huyó a Francia en 1973 debido a su militancia en ETA» y que sucedió a José Miguel Beñaran, ‘Argala’, como dirigente de la banda terrorista.
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Sagardia, que residía en Biarritz, fue asesinado el 30 de diciembre de 1980 por el Batallón Vasco Español debido a la explosión de un coche bomba, según ha recordado la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta (EH Bildu) a través de sus redes sociales. «El representante del Gobierno español insta al Ayuntamiento a cambiar de nombre a la plaza Joxe Martin Sagardia por entender que vulnera la Ley de Víctimas; Sagardia fue asesinado por el BVE, refugiado en Biarritz, con una bomba debajo del coche», ha apuntado el consistorio a través de Twitter, donde recuerda que la corporación municipal aprobó la denominación de la plaza en 1982.
Según ha apuntado Solaberrieta, el Instituto Gogora tiene reconocido a Sagardia como víctima. De ahí que haya denunciado la exigencia de retirar el nombre de la plaza: «¿A qué viene este requerimiento para confundir la convivencia en nuestro país? Las víctimas de violencia de Estado también necesitan reconocimiento y presencia en la memoria colectiva de nuestro país», ha defendido.
De momento, el Ayuntamiento tiene un mes de plazo para cumplir la exigencia, aunque según han anunciado se están realizando los análisis jurídicos pertinentes para no tener que asumir el requerimiento.
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