La Fiscalía hace equilibrios ante las causas que salpican al presidente y el juicio a García Ortiz

Desde el principio de esta causa, cuando solo se indagaba los contratos de las mascarillas con el «conseguidor» de la trama, Víctor de Aldama, por parte de Transportes, la Fiscalía sí ha apoyado la investigación. Pero la actuación del Ministerio Público en este sumario, con los mayores indicios hasta ahora para preocupar al Gobierno, incluye algunos matices. La semana pasada, en una decisión que causó sorpresa en medios jurídicos, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, descartó pedir el ingreso en prisión provisional del exministro y de su exayudante, a pesar de que en su escrito reconocía expresamente que había aumentado el riesgo de fuga, que las pruebas de las mordidas son cada vez más sólidas y que siguen sin conocerse las vías por las que llegaban grandes cantidades de dinero en metálico, ya que Ábalos y García se acogieron a su derecho a no declarar. Esos mismos motivos sí que valieron a la acusación pública en junio para pedir, con éxito, que Santos Cerdán acabara entre rejas.

Fue además Anticorrupción la que dio pie a la excarcelación hace casi ya un año de De Aldama a cambio de su promesa de colaborar en el 'caso Ábalos'. A pesar del tiempo transcurrido y de que el empresario, al menos que se sepa, no ha ayudado a repatriar los más de 70 millones que la Guardia Civil le atribuye en el extranjero, la Fiscalía no ha pedido su regreso a Soto del Real. De Aldama, volcado en apariciones públicas y acusaciones contra el Ejecutivo de Sánchez, sigue en libertad sin haber aportado en este año más pruebas de calado –de nuevo, que se sepa– para desentrañar la trama, más allá de un listado subrayado de obras supuestamente amañadas.

Esta causa es especialmente «delicada» para el Ministerio Público, según admiten responsables del departamento, y no solo porque apunte a las supuestas 'cañerías' de Ferraz, sino por la implicación de miembros de la institución y por los titubeos iniciales de la acusación pública. La Fiscalía ya sí que se dirige contra Leire Díez y dos de sus más cercanos colaboradores (el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol). Pero en un principio no lo vio claro y pegó un carpetazo, quizás precipitado, que provocó ampollas en la Fiscalía de Madrid.

Dos conocidos fiscales –José Grinda e Ignacio Stampa– figuran como denunciantes contra la exmilitante socialista, a la que acusan de haber intentado sobornarlos a cambio de información para torpedear las investigaciones que apuntan al Gobierno. La denuncia de Stampa tiene además un fuerte contenido político: afirma que Dolset le dijo que la 'fontanera' le fichó después de que Sánchez ordenara «limpiar sin límite» tras la imputación de su mujer.

La Fiscalía jamás ha acusado en las diligencias previas 1146/24, abiertas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, maniobrando en busca del archivo del caso. El Ministerio Público, alineado siempre en tiempo y forma con la defensa de la esposa de Sánchez, ha usado toda su artillería, en tono inusualmente grueso, contra el juez Juan Carlos Peinado hasta el punto de achacarle «hipótesis fabulosas» para mantener vivas las imputaciones a Begoña Gómez.

La Fiscalía ha mantenido su rechazo a investigar a la esposa del presidente a pesar de que la Audiencia de Madrid ha avalado el grueso de la investigación de Peinado, vetando únicamente el rescate de Air Europa u obligando al instructor a enjuiciar todo el procedimiento, si se llega hasta ahí, en una sola vista oral con jurado.

La actitud de la Fiscalía de Badajoz en el 'caso Azagra', apellido artístico con el que se identifica David Sánchez, es casi idéntica a la que mantiene en la causa contra Gómez: oposición desde el inicio hasta el final del procedimiento y cuestionamiento de las razones de la instructora, Beatriz Biedma, para su investigación sobre el presunto enchufe del hermano de Sánchez por parte de la diputación pacense.

A pesar de que la Audiencia provincial ha bendecido la instrucción de Biedma y ha avalado llevar a juicio al familiar del presidente, la Fiscalía sigue sosteniendo que su imputación «no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad», sino en «conjeturas e hipótesis» sin «respaldo fáctico».

Este insólito procedimiento es el que pone la guinda a la complicada situación que atraviesa la Fiscalía por la sucesión de causas judiciales con proyección política. En apenas ocho días, el 3 de noviembre, el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados por primera vez en democracia. Y lo hará en pleno ejercicio de su cargo. En esta causa por revelación de secretos, que ha removido los cimientos de la institución, no ha habido sorpresas: la Fiscalía, una organización jerarquizada, no acusa a su jefe.

El Supremo ha desoído las exigencias del Ministerio Público de dar carpetazo al caso y ha seguido hasta el final, transformando de acusado a acusador a García Ortiz por airear información reservada de Alberto González Amador, encausado a su vez por fraude fiscal, con el presunto objetivo al fondo de perjudicar a Ayuso, rival política del Gobierno.