Setenta y cinco alcaldes de PNV y EH Bildu se unen para denunciar el último «ataque» del Supremo al euskera

La iniciativa ha partido de Euskalgintzaren Kontseilua, que ha considerado que «la sentencia supone un ataque directo a la voluntad democrática de la sociedad y de las instituciones vascas, rompe con el consenso de las últimas décadas y perjudica gravemente el autogobierno».

Los promotores de la protesta han criticado la decisión del Supremo y la han interpretado como una carga de profundidad contra las medidas destinadas «a la normalización de la lengua». A su juicio, el decreto invalidado desarrollaba la Ley Municipal 2/2016, aprobada con amplio consenso en el Parlamento Vasco. «La última Encuesta Sociolingüística ha demostrado claramente que una amplia mayoría de la sociedad vasca respalda la políticas orientadas a la normalización del euskera», indicaron.

En su opinión, «es necesario adoptar medidas concretas para que el euskera alcance la misma categoría que el castellano, tal como aspira la normativa vigente». Para Kontseilua, «la situación es grave. El euskera es una lengua minorizada, resultado de siglos de prohibiciones y políticas de represión. Los agentes sociales que trabajamos a favor del euskera, junto con la Red Europea para la Igualdad de las Lenguas, ya expresamos que el euskera se encuentra en situación de emergencia lingüística, y, asimismo, las últimas investigaciones publicadas han puesto de manifiesto el riesgo de estancamiento y retroceso».

La declaración señala que en los últimos meses «las instituciones vascas y los agentes políticos están realizando un esfuerzo considerable para que el euskera tenga oficialmente presencia en las instituciones europeas». Para Kontseilua, «justo en el momento en que más falta hacen medidas positivas para superar la situación de minorización del euskera, se multiplican las resoluciones judiciales que las obstaculizan y frenan su normalización. Ya sea anulando Ofertas Públicas de Empleo, o yendo en contra de leyes aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco, son ya unas 30 las sentencias que están debilitando la competencia de las instituciones vascas para llevar a cabo políticas lingüísticas».

La iniciativa propone «responder desde la unidad. Si no se toman medidas, aumentarán los obstáculos para quienes queremos vivir en euskara». La declaración sostiene que «los derechos lingüísticos solo se convierten en derechos reales cuando pueden ejercerse en todos los ámbitos de la vida. Por ello, no podemos limitarnos a resistir los ataques, es hora de avanzar. Debemos reforzar la seguridad jurídica y, junto con los cambios legislativos necesarios, fomentar una actitud proactiva en la sociedad vasca con el mayor consenso posible, para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y normalizar el uso del euskera».

El comunicado es elocuente: «Necesitamos el euskera y el euskera nos necesita. Porque el euskera es nuestra lengua, la que nos hace euskaldunes. Por eso, el movimiento a favor del euskara y los representantes municipales reafirmamos que el uso del euskera debe ocupar el lugar que le corresponde, y hoy adquirimos el compromiso de impulsar las medidas necesarias para ello. Es hora de ir más allá, de dar un salto en las políticas lingüísticas. De abrir el camino a una nueva era de revitalización».