Diecisiete leyes del Gobierno Vasco, en riesgo de atascarse

Fernando Segura

San Sebastián

Lunes, 23 de octubre 2023, 02:00

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El Gobierno Vasco se enfrenta al tramo final de la legislatura con un cartera repleta de leyes pendientes de aprobar. En concreto, de las 36 recogidas en el programa legislativo del Ejecutivo de Urkullu en 2020, 34 ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno, pero de estas últimas trece se encuentran todavía en tramitación en la Cámara vasca. A estas hay que añadir otras cuatro del Ejecutivo que no estaban previstas al inicio de la legislatura. En total, diecisiete normas del bipartito PNV-PSE todavía en trámite parlamentario. La oposición, por su parte, ha promovido cinco que de momento no han salido adelante.

El tiempo corre en contra de que el programa se pueda completar, máxime en el caso de que se repitieran las elecciones generales el 14 de enero o de que se adelantaran la autonómicas a marzo, como conjeturó la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, porque en estos supuestos la actividad parlamentaria quedaría suspendida.

El propio Iñigo Urkullu reconoció el pasado día 4, en el foro 'Encuentro en DV con el lehendakari', que el calendario está muy apretado. Aseguró que su intención es completar la legislatura, pero no descartó adelantar las elecciones autonómicas si se repiten las generales. No obstante, incluso si no hiciera falta adoptar tal medida, el lehendakari recordó que el proyecto de presupuestos es prioritario respecto a otras leyes, a lo que se suma que la actividad parlamentaria se verá interrumpida en Navidad y en Semana Santa. Ante este panorama, cabe asegurar que un número significativo de leyes deberán aguardar a la siguiente legislatura no por impedimentos políticos, dado que PNV y PSE suman mayoría absoluta, sino por un tablero electoral endiablado.

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La última ley en aprobarse fue la de Memoria Histórica y Democrática, el pasado 28 de septiembre. Fueron necesarios más de dos años de tramitación. Finalmente salió adelante con el apoyo del 90% de la Cámara, es decir, con el voto a favor de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Por el contrario, PP, Ciudadanos y Vox se opusieron.

Las trece leyes del Gobierno de coalición que quedan por recibir el visto bueno son relevantes, pero cuatro de ellas, según indicó el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una entrevista publicada por este periódico, resultan claves. Estas son la de Empleo, Cambio Climático, Salud y Educación.

En el ámbito económico-laboral destaca la Ley Vasca de Empleo, aprobada por el Ejecutivo de Urkullu el pasado mes de abril. El plazo para la presentación de enmiendas terminó el 2 de octubre. Entre los objetivos que se plantea esta norma cabe resaltar que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden. Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430.

La consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destaca que la nueva ley busca regular por primera vez en el Estado el trabajo digno y de calidad, «el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad en materia de igualdad y competitividad». Para afrontarlo ha explicado que los ayuntamientos también tendrán un «protagonismo más acusado», garantizándoles financiación para responder a las necesidades de sus vecinos y empresas.

La oposición se muestra bastante posibilista. Así, EH Bildu considera que la ley no va a permitir una acción integral de empleo porque las política pasivas no están transferidas. Sin embargo, estima a su vez que existe un «planteamiento adecuado» en cuanto a las políticas activas y a la nueva regulación de Lanbide. No obstante, considera que se debe reforzar el carácter de servicio público de esta última e incluir a las cooperativas en su consejo de administración.

Elkarrekin Podemos ha registrado medio centenar de enmiendas parciales con el objetivo principal de que la norma «sea realmente una ley de empleo y no una ley para la empleabilidad. Debe ser una herramienta y no el fin último». Entre sus propuestas se encuentra que el rechazo de un puesto de trabajo, por ejemplo, por razones de conciliación familiar, no conlleve la pérdida de derechos, así como una limitación «estricta» de la concertación con agencias privadas de colocación.

El PP ha registrado 51 enmiendas, ninguna a la totalidad, incorporando aportaciones de los expertos que han informado sobre el proyecto en las comparencias parlamentarias. Este grupo señala que la prioridad es que Lanbide «supere su falta de eficacia».

En el caso de la ley de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el Ejecutivo el 16 de mayo, todavía no se ha llegado a la fase de presentación de enmiendas. En la actualidad se está en la etapa de escuchar la opinión de expertos. La norma incluye gravámenes para penalizar las actuaciones «que incrementen la vulnerabilidad o las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero». Se prevé «incentivar fiscalmente» las actuaciones que reduzcan las emisiones y fomenten las energías renovables. Las Haciendas forales, en virtud de sus competencias, también podrán establecer mecanismos que favorezcan este tipo de inversiones. Otra novedad es la obligación de que cada empresa, hogar o administración pueda calcular su «huella de carbono», es decir, la contaminación que provoca.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, defiende que la norma establece por «voluntad propia» un marco jurídico estable para lograr el objetivo de cero emisiones netas en Euskadi «a más tardar en 2050».

La oposición se ha mostrado de manera muy crítica y coinciden en que la norma resulta inconcreta. Así, desde EH Bildu consideran «indispensable» darle un giro total porque el proyecto actual «ni ordena nada ni obliga a nada. Es puro voluntarismo».

En términos parecidos se manifiesta Elkarrekin Podemos. Para la formación morada, «no hay nada referido a la descarbonización de cara a 2030, qué porcentaje queremos alcanzar ni qué penetración de energías renovables queremos para el 'mix' energético de Euskadi».

El PP también manifiesta su disconformidad. «Es una iniciativa cargada de intenciones y muy voluntarista, con pocas concreciones. Nuestras enmiendas irán dirigidas a aportar criterios de objetivos y plazos».

La Ley de Salud Pública cerró el plazo de presentación de enmiendas en marzo y desde esa fecha se mantienen las conversaciones entre los grupos del gobierno y de la oposición.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha señalado que el objetivo principal es «salvaguardar y potenciar la salud de la población vasca como bien público de máximo interés, garantizando los derechos de las personas en materia de salud, la igualdad de oportunidades y la equidad».

La oposición se ha empleado a fondo en la presentación de enmiendas parciales, 239 en total, de las que 118 han sido registradas por EH Bildu, 59 por Podemos y 62 por el PP.

La coalición independentista señala que su voto final dependerá del grado de aceptación de sus propuestas: «Todo está abierto», indican. Entre sus prioridades figura la creación de la Agencia Vasca de Salud Pública. EH Bildu advierte de que el Gobierno Vasco ha remitido al Parlamento «una ley reguladora de determinados servicios y esta no es la ley integral que necesitamos».

Elkarrekin Podemos dirige una parte sustancial de sus enmiendas a reducir las diferencias que se producen en el ámbito de la salud en función de la realidad socioeconómica de los ciudadanos. Denuncian que en Euskadi «hay una diferencia incluso en la esperanza de vida entre los barrios obreros y los más pudientes».

El PP, por su parte, centra sus propuestas en mejorar la coordinación interinstitucional, la educación para la salud y la participación de profesionales.