La vida en ello

La conmemoración hoy del Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres otorgará proyección mundial al combate contra la desigualdad más atroz, dejando al descubierto desigualdades paralelas. Desequilibrios entre aquellos puntos del planeta en los que la vida de las mujeres continúa valiendo muy poco y aquellas sociedades, como la nuestra, que se sustenta en la defensa de los derechos humanos y que ha acabado reaccionando contra el terror que devasta la intimidad y socava la convivencia colectiva; aunque esa respuesta haya resultado insuficiente o haya llegado desgraciadamente muy tarde para las casi 1.500 víctimas mortales que se ha cobrado la violencia machista solo en las dos últimas décadas en España. Basta echar la mirada un puñado de años atrás para percatarse del limitado impacto que este 25 de noviembre ejercía en la conciencia de todos y para poder valorar el compromiso compartido que han ido adquiriendo los poderes públicos y la ciudadanía para intentar que no se produzcan impunemente ni un insulto ni un moratón más. Para que no haya que registrar una asesinada más en un país que sigue soportando la sangría insufrible de medio centenar de feminicidios cada año. Ese esfuerzo común ha contribuido a desnudar el machismo más destructivo. A ir desmontando el falaz lugar común según el cual este era un 'problema privado' en el que convenía no inmiscuirse. A situar en la agenda pública de manera ineludible la lucha contra el padecimiento silencioso que sufrieron miles de nuestras conciudadanas durante décadas y que sufren otras miles ahora. Pero la evidencia de que todo asesinato ha de ser asumido como un fracaso, y la constatación de que existen fallas en el Estado de Derecho ante semejante desafío, exigen perfeccionar el marco legal instaurado, ampliar los medios disponibles y utilizar mejor los recursos con los que ya se cuenta. Este está resultando un camino de duro y forzoso aprendizaje, en el que se han ido detectando y corrigiendo situaciones tan escalofriantes como que un asesino retuviera la patria potestad sobre sus hijos -no pocos de ellos repercutidos también por el maltrato- o que percibiera pensión de viudedad por la mujer a la que había arrebatado la vida.

Las víctimas y los profesionales de la Justicia, la Abogacía, las fuerzas de seguridad, la Medicina forense o quienes trabajan en el ámbito sanitario abogan por inciativas como una mayor coordinación que permita afinar diagnósticos, atinar en las acusaciones penales y en las medidas de protección cautelar o evitar que la complejidad y la crudeza de los procedimientos de verificación lleve a las víctimas a desistir de su denuncia. También por concertar protocolos, a fin de reducir disfunciones o solapamientos. Pero reivindican, sobre todo, que la respuesta obligadamente urgente del primer momento ante un caso revelado de maltrato dé paso luego a un acompañamiento calmado y con tiempo de las denunciantes, en las que éstas se sientan arropadas con empatía y no señaladas por palabras, miradas o gestos de incomprensión por su dependencia afectiva del agresor. Un vía crucis en el que deben percibir un nuevo afecto, un nuevo calor, que las cobije y proteja a ellas y a sus hijos; que las recomponga en su dignidad golpeada y amenazada; y que las llegue a resarcir con justicia. La violencia machista ha dejado de pertenecer a la interioridad de la vida conyugal. Pero son las víctimas las que siguen denunciando, porque apenas el 2% de esas demandas proviene de familiares, amigos o vecinos. El maltratador ha de saber con mayor rotundidad que no tiene cabida en una sociedad igualitaria en tanto no cese en su intolerable sometimiento de la víctima y acepte la posibilidad de rehabilitarse. Euskadi tiene pendiente una ley propia contra la violencia hacia las mujeres. Un acto de autogobierno que debería aspirar a mejorar la normativa existente y aglutinar un consenso que eduque en igualdad y actúe como aldabonazo social.